El despido de Tamara Caldelero, una empleada contratada por seis meses, no aparece como una razón de peso para que siga un conflicto que incluyó atentados contra las líneas de distribución y apagones en ciudades enteras. La aceptación de la oferta salarial del gobierno, con la misma suma que se había ofrecido al principio, 25 millones de pesos a distribuir, indica que tampoco había una discrepancia de fondo por el dinero para los aumentos.

No. La razón era y es política, y hay que buscarla en la relación casi siempre culposa que hay entre el gremio ATE y los sucesivos gobiernos del MPN; en la interna desatada en el gremio por el manejo de la gruesa suma de dinero mensual que recibe de los aportes de sus afiliados, descontados por planilla y entregado por el gobierno, puntualmente; y por las aventuras y desventuras políticas del sector sindical, quebrado entre los puristas neuquinos de UNE y los más ambiciosos a nivel nacional de Unidad Popular, el partido que ensayan Víctor De Gennario y el neuquino Julio Fuentes.

El gremio que a nivel provincial conduce Carlos Quintriqueo, ya tiene claro que no le conviene seguir con un conflicto que dejó en el camino a un operario gravemente herido, después de un sabotaje que la Justicia investiga. Se deben explicaciones hacia adentro y hacia afuera, por una metodología de protesta que no fue avalada por todos, y que se le achaca a interna sindical con todas sus connotaciones.

Por eso el gobierno se siente fuerte para poner un punto final, y lo que ahora se negocia no es tanto la coyuntura sino como quedan los tantos en el EPEN hacia adelante.

No hay que olvidar que el EPEN es el organismo (aun no puede llamárselo empresa) en donde primero se logró y aplicó un convenio colectivo de trabajo con paritarias en el Estado provincial. Que eso implicó para los gobiernos del MPN de alguna manera entregarle al gremio una parte de poder de decisión. Y que hace rato ya que el MPN gubernamental, esa larga dinastía de más de 50 años, quiere poner coto a la ambición por manejar el presupuesto que no oculta ATE, desde casi siempre.

Las empresas del Estado suelen ser deficitarias, y en Neuquén no son la excepción. El EPEN todavía no puede considerarse una empresa, pero asimismo requiere de inversiones continuas y capitalizaciones que vienen de la mano de la política, no de sus propios recursos. Ha encontrado un escollo duro de sortear en cooperativas como la de Plottier o la misma Copelco de Cutral Co y Huincul que financian sus propios déficits y ocasionales demagogias con la plata del ente provincial.

El gobierno del Estado y el gremio estatal suelen coincidir en el EPEN en esta circunstancia: debe cobrarse la tarifa, y debe cobrarse lo suficiente como para auto-sustentarse.

Ambos han descubierto que no es fácil, y que la política a veces ayuda y a veces tira para atrás las mejores gestiones.

En este punto está la base del acuerdo que inevitablemente llegará: tanto el gremio como el gobierno necesitan el EPEN. Hay muchas obras en la provincia, muchos millones en juego. Sólo falta cubrir algunos aspectos formales. Dejar a salvo la firmeza del gobierno, traducida por el ministro Guillermo Coco; y al mismo tiempo, salvar la dignidad sindical.

El mensaje será, con seguridad, bastante claro, y por demás clásico. Como aquella proclama de la mal llamada revolución libertadora, no habrá vencedores ni vencidos.