Para la entidad ejecutora del proyecto Sueños Compartidos, la obra está técnicamente cerrada ya que no posee el control de las tareas ni tiene acceso al predio. En tanto, los 117 trabajadores despedidos no recuperarán su fuente laboral.

De esta manera se agotó la instancia administrativa-laboral, con el peor resultado posible: sin acuerdo entre las partes en conflicto, ni los 117 obreros serán reincorporados al trabajo de construcción de las 70 viviendas del proyecto Sueños Compartidos, ni la fundación podrá acceder -al menos por ahora y con acuerdo de la contraparte- al control y dirección técnica de la obra.

El desenlace generará para la fundación empleadora un plazo perentorio para cumplir con los términos establecidos en el convenio colectivo de la Uocra que regía los derechos de los trabajadores empleados en la obra. Y mientras tanto, según anunció la representante legal de los obreros, Zulema Wanenson, harán retención de las herramientas y maquinarias, que luego devolverán cuando hayan cobrado todas las acreencias derivadas del despido.

Nuevamente diferencias insalvables volvieron a exponerse cuando las partes abordaron la reincorporación de los trabajadores despedidos, con excepción de Seña, Acuña y Gómez, según impone la fundación. La condición no fue aceptada por los obreros, que se niegan a volver al trabajo en la obra sin los líderes del MTD.

"Vinimos a tratar en un clima de paz este conflicto. Hemos hecho todos los esfuerzos pero la dignidad no se vende", remarcó la doctora Wanenson. Así, lamentó que "la Fundación Madres de Plaza de Mayo sigue condicionando el expediente a la reincorporación de los trabajadores excepto Sena, Acuña y Gómez".

Al respecto, la letrada dijo que el condicionamiento obliga a los obreros a expedirse sobre compañeros de trabajo. "Todos han trabajado con Emerenciano Sena en esto, fueron parte de este proyecto y no les consta todo lo que la patronal le imputa a Sena", remarcó Wanenson. Por eso dejó claro que los trabajadores "nunca firmarán a costa de su trabajo algo violatorio de su dignidad". Por último, expresó su malestar porque se quedan sin fuentes laborales 117 familias. "Al menos conservan la dignidad porque están siguiendo sus principios", concluyó.

Inflexibilidad

Augusto Martins, apoderado de la Fundación Madres, acusó a los obreros de "inflexibilidad" ante el pedido de la entidad de evaluar los representantes técnicos propuestos para dirigir la obra. "La dirección técnica implica que la fundación pueda tener el control de los trabajos. Esto significa que tenemos que colocar personal idóneo para ciertas cuestiones. Por eso tomamos la propuesta para evaluarla y hacer una contrapropuesta", explicó a NORTE.

Ante el fracaso de la instancia administrativa-laboral, reveló que todo continuará en la justicia. "En algún momento, alguien tomará una determinación sobre quién debe tener el control técnico de la obra", estimó. Asimismo, descartó el desalojo de las viviendas que ya están terminadas y que fueron ocupadas. "No queremos ser agentes inmobiliarios ni tener las tierras. Sólo necesitamos el terreno para llevar adelante la obra y generar fuentes de trabajo genuinas", remarcó Martins. Así, recordó que la adjudicación de las viviendas terminadas queda a cargo de cada jurisdicción, en este caso, del gobierno provincial.