La cláusula transitoria que, tras la reforma de 2006, habilita un tercer mandato consecutivo para el gobernador, el vicegobernador, los legisladores, los intendentes, los concejales y los comisionados rurales colisiona contra la Carta Magna nacional. Es decir, es inconstitucional. Representa, además, un retroceso en materia de calidad institucional. Y sólo es funcional a los intereses sectoriales del alperovichismo, los cuales son custodiados por la Constitución provincial. Este es el diagnóstico a partir del cual los integrantes del Acuerdo Cívico y Social le pidieron a los tucumanos que provoquen una renovación política.

La re-reelección es, para el frente opositor, "un aval para que (las actuales autoridades electivas) puedan perpetuarse en el gobierno de las correspondientes parcelas de poder, que ejercen de manera concentrada. Sin las normas constitucionales nacionales no permiten la reelección por más de dos períodos consecutivos, una cláusula transitoria que sí lo permite en Tucumán (el artículo 159 de la Ley Fundamental reformada) es contraria al principio de Igualdad ante la Ley y, por ello, claramente inconstitucional. Así debe resolverlo la justicia provincial ante los reclamos formulados", manifestaron el senador José Cano; el diputado Juan Casañas; el legislador y titular de la UCR local, Federico Romano Norri; Gerardo Lucio Sibaja, de los autoconvocados del campo; José Páez, presidente de la Democracia Cristiana; Rodolfo Succar, titular del Partido Socialista; y Sandra Manzone y Héctor Monayer, de la Coalición Cívica.

Mediante un documento, los dirigentes ratificaron de manera explícita "el apoyo a los planteos judiciales formulados en contra de la re - reelección" (el radical Ariel García promovió un acción declarativa de certeza -rechazada en primera instancia y apelada ante la Corte- y, por aparte, un planteo de inconstitucionalidad contra el artículo 159 de la Carta Magna).

Justamente, los miembros del acuerdo advirtieron que, "lejos de constituir un instrumento de progreso hacia formas más modernas de servicio del orden político a la comunidad", la reforma de 2006 sólo fue "un blindaje para permitir la continuidad de los funcionarios, en forma virtualmente indefinida".

Además, sostuvieron que la Ley Fundamental consagrada por el oficialismo conspira contra el control ciudadano del Estado, imposibilita la conformación de una Justicia independiente, brinda protección ilimitada al poder político y mantiene un sistema electoral obsoleto, puesto que somete la instauración del voto electrónico a la disponibilidad presupuestaria.