Seis organizaciones entrerrianas, vinculadas a diferentes partidos políticos firmaron este jueves en Paraná un documento denunciando al Ejecutivo Provincial por la forma en que quiere contratar a una empresa China para la construcción de acueductos en el norte de la provincia.

El crítico documento emitido fue rubricado por la Fundación para el Desarrollo Entrerriano “Gobernador Raúl Lucio Uranga”, FUNDER (MID), la Fundación Pensar Entre Ríos (PRO), la Asociación Paraná Ciudad Inteligente (UCR), el Centro de Estudios Germán Lallemant (Partido Socialista Auténtico), el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Partido Socialista) y el Instituto GEN (GEN).

El Gobierno de Entre Ríos convocó Cámara de Diputados provincial a una sesión extraordinaria para el martes 20 de enero para tratar un proyecto que solicita al legislativo la autorización para contratar en forma directa, sin licitación pública, a una empresa de origen chino para realizar obras por u$s430.387.551. Para ello, el Estado Provincial contraerá deuda por un monto equivalente, a través de capitales chinos.

En un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, los partidos opositores señalaron que "llama la atención que en el Ministerio de Agricultura de la Nación haya estimado el costo de la realización de las mismas obras en 92 millones de dólares. Lo que implicaría que el Gobierno está presupuestando la obra por un monto 4,5 veces mayor. Por otro lado, al consultarse al sí existía un contrato en el cual esté basado el proyecto de ley, el Gobierno Provincial informó que la única documentación con la que disponían era un intercambio de mails entre la empresa constructora y funcionarios provinciales".

"El proyecto de ley no solamente omitiría el proceso legal correspondiente, llamado a licitación pública, y estaría haciéndose a espaldas de la sociedad, sin haber hecho públicas las condiciones de contratación, sino que constituiría un pedido del ejecutivo al legislativo de un cheque en blanco para contratar a una empresa específica por un monto arbitrario y, posiblemente, sobrevaluado", completaron.

Firmas

Entre los firmantes del documento titulado "Apego a la transparencia y a la Constitución" (adjunto) se encuentran: Jorge Leitner por Asociación Civil “Paraná, Ciudad Inteligente”; Juan Diego Etchevehere por Fundación “PENSAR Entre Ríos”; Sergio Lescano por CEMUPRO (Centro de Estudios Municipales y Provinciales de Entre Ríos); Nélida Uranga por FUNDER (Fundación para el Desarrollo de Entre Ríos Gobernador Raúl Lucio Uranga); Néstor Golpe por I-Gen (Instituto de Estudios para una Nueva Generación de Paraná); Carlos Godoy por Centro de Estudios “Germán A. Lallemant”.

En el documento advierten que:

1- Se persigue utilizar el sistema de contratación directa para una obra pública estimada en u$s 430.387.551,00 con más sus intereses necesarios para su financiación omitiendo -dado la magnitud de su valor- el proceso licitatorio que establece la Ley de Obra Pública.

2- Al no ser de conocimiento público, nada asegura que la ley, además, podría estar autorizando condiciones para satisfacción de intereses particulares ajenos al interés general. Que, al soslayar la licitación, no se conocerá el verdadero costo de esta obra, con anterioridad proyectada y

valuada por el Ministro de la Producción en solo u$s 92.000.000,00.

3- No consta que se haya realizado estudio de impacto ambiental previo y la audiencia pública que disponen las Leyes aplicables. Se transgreden así los principios de precaución y prevención que impone la Constitución.

4- El Convenio Marco bajo el cual se celebra el desconocido contrato que nos ocupa fue acordado entre la Nación y la República China.

Advertimos que mediante ese Convenio:

-Argentina renuncia a su soberanía y se somete a jurisdicción y leyes extranjeras.

-Tendrá por efecto destrucción de industria local al favorecer la introducción de bienes manufacturados chinos, cuya consecuencia será el cierre de fuentes de trabajo argentinas y desempleo de trabajadores argentinos.

-En las obras contratadas por el Estado se privilegiará la mano de obra de nacionalidad china, lo que afectará la demanda laboral de los argentinos.

Por todo ello exhortamos a las organizaciones políticas, estudiantiles, ambientales, del trabajo, la producción, la industria y el comercio a movilizarse para exigir al Gobierno transparencia y legalidad de sus actos e impedir que se produzca un nuevo e inminente despojo al patrimonio y el trabajo de los entrerrianos.