Transcurrido más de un mes del acuartelamiento policial que dio lugar a los saqueos en Concordia, persiste todavía en sectores de la fuerza entrerriana el planteo amenazante de abandonar la tarea y dejar otra vez a los ciudadanos desprotegidos y a expensas de saqueadores.

No está claro cuántos efectivos adhieren a estas postura, que en la semana tuvo un nuevo capítulo en esa ciudad, donde directivos de un hipermercado iniciaron acciones judiciales tras ser informados –según testimoniaron al fiscal Mario Guerrero– por esposas de policías que este hecho ocurriría el viernes pasado.

No han sido numerosas tampoco las marchas anunciadas por estos días frente a las jefaturas departamentales, y se prevé para el 17 un eventual corte de rutas –menos graves en su consecuencia que el acuartelamiento, pero idéntico en su razonamiento– “en pleno recambio turístico”.

Uno podría preguntarse si los policías entrerrianos están más o menos conformes con el aumento que se les otorgó recientemente, y especular que tal vez por eso las medidas han perdido fuerza, luego de haber comparado lo propio con lo que se les ofrece a los estatales.

O igualmente podría suponer que la marcha de la investigación judicial en la provincia, más la noticias de prisiones preventivas dictadas en otras jurisdicciones donde ocurrieron hechos similares a los de Concordia, han ido “poniendo en caja” al convulsionado espíritu de la fuerza; y por eso decrecieron los cuestionamientos públicos a la decisión del gobierno provincial de desconocer el acta firmada en Concordia con los cabecillas del acuartelamiento.

Todo esto es posible. Lo que sí es más difícil suponer es que en la fuerza policial, al menos en la amplia mayoría, se hayan revisado las conductas y sus motivaciones que pusieron en jaque no ya a un gobierno, sino a las institucionalidad de la provincia.

Resulta difícil imaginarlo porque no se produjo una discusión franca sobre la calidad institucional de la Policía y las responsabilidades eventuales de su estado. No se dio esta discusión, al menos visiblemente.

Puede presumirse que aun existiendo fallos judiciales que apliquen sanciones –incluso de las consideradas ejemplares– a los policías que cometieron delito, no servirán para mucho más que desalentar a quienes simpatizaron con esas actitudes y podrían imitarlas en el futuro.

Si bien lo salarial se sigue presentando como el eje de la cuestión desde los sectores acuartelados, nadie objeta ese reclamo. Que el salario del policía perdió poder adquisitivo es tan obvio como que no encuadra en una “negociación salarial” un aumento del 50% arrancado con la pistola en la cintura mientras los policías permitían –¿alentaban?– los saqueos.

Si la demanda salarial se considera genuina, el gobierno deberá llevar adelante una política de recuperación de la capacidad adquisitiva del salario policial. Pero limitar la discusión al porcentaje de aumento merecido o posible, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, implica quedarse en la superficie de la problemática.

*Poco y nada se habla de la composición de la fuerza policial, es decir, de qué sectores se nutre la Policía de Entre Ríos y de cómo se mejora la formación del ciudadano–policía que debe ser garante y no amenaza del Estado de derecho. La formación del recurso humano ha perdido visibilidad, al menos para el resto de la sociedad entrerriana.

Alguno podrá decir que la protesta policial no fue muy distinta de la de otros sectores laborales, en las que los trabajadores que producen un bien o un servicio dejan de darlo para exteriorizar su reclamo, presionando a la patronal hasta que se consigue la demanda buscada. En este caso, la seguridad es el producto y, como en muchos otros casos, el receptor de ese producto –los ciudadanos– parece dejar de existir para los que reclaman, que no consideran que ellos son los verdaderos perjudicados y no el patrón –Estado–.

Esta metodología –que tuvo efectos conmocionantes porque derivó en saqueos, heridos y muertos– tiene una fuerte carga de autorreferencia, ya que se fundamenta exclusivamente en las necesidades por las que se reclama; pero carece o debiera carecer de empatía hacia los ciudadanos afectados directa o indirectamente por la medida.

Resulta llamativo que en la provincia esa carencia de empatía no se puso de manifiesto. La sociedad no parece haber condenado rotundamente el accionar de los policías insubordinados (tampoco se percibe una fuerte crítica a la decisión del gobierno de desconocer el acta) y eso contribuye a una sensación de indiferencia aprobatoria. Algo que sustentaría peligrosamente la idea de que si nadie rechaza esta metodología, puede volverse frecuente.

Vale señalar que esta característica de la protesta policial termina sosteniendo también el razonamiento de los saqueadores y, por qué no, el del ciudadano que se sintió amenazado, que cargó su escopeta para defenderse por la suya de los que venían a robarle. Si todo vale para unos, todo vale para todos.

*Tampoco se habla mucho de los mecanismos de depuración de la fuerza policial. En los recientes conflictos se observó, en varias provincias y también en Entre Ríos, el accionar de uniformados con procesos internos en marcha e incluso algunos ya exonerados, que sin embargo gozan de fuerte influencia dentro del personal en actividad. ¿No resulta extraño que el mal policía tenga tanta inserción en la fuerza? ¿No tiene nada que decir al respecto la conducción policial sobre el mecanismo de premios y castigos que inexorablemente rige a las instituciones verticales y sirve para promover a los mejores hombres?

Muchas veces se ha hablado de que para ganar consenso interno, altos oficiales protegen de las investigaciones judiciales o los sumarios internos a efectivos cuestionados. Vale preguntarse si estos mecanismos existen y si, en tal caso, no han llegado a alterar en la tropa policial la idea sobre el valor de una foja de servicios intachable y del apego a las formas que impone la vida en democracia.

*No se dice nada sobre la vinculación que con esta asonada pudo tener la mirada un poco más severa que habían comenzado a desarrollar el gobierno nacional y los provinciales sobre la venta de drogas y su vinculación con la Policía, luego de que los obispos movieran la ligustrina en noviembre del año pasado alertando sobre el avance del narcotráfico en la Argentina.

Si esta vinculación sucede en todas las provincias argentinas, por qué deberíamos pensar que aquí no existe y que el malestar de algún sector policial pudo estar relacionado con esa circunstancia. Basta leer el buzón de mensajes de este diario para enterarse, todos los días, que vecinos de la ciudad sospechan o acusan a policías de ser narcos. Es claro que el tema merece atención.

*Resulta obvio que podría discutirse en la provincia sobre la responsabilidad de la conducción policial por no advertir lo que se estaba gestando y las consecuencias que ello trae aparejado. Tal vez ese silencio se entienda desde la necesidad política del gobierno provincial de no producir modificaciones que los insurrectos puedan mostrar como trofeos. Pero no implica que la cadena de mandos no haya sido afectada.

Del mismo modo que podría discutirse la sindicalización de los policías, dentro de los márgenes de lo posible. Los efectivos no pueden hacer paro. Y aunque pueda parecerle a alguno una ingenuidad, habría que trabajar para desterrar la idea bastante en boga de que el de policía es un empleo más, idea a la que incluso la conducción policial entrerriana ha apelado en momentos en que flaqueaban las inscripciones para ser integrantes de la fuerza. El desempeño de los policías también requiere de la definición de una ética profesional.

Llegar a tener una fuerza democrática, capacitada, bien remunerada y apreciada por la población es un objetivo a largo plazo, que se construye todos los días. Con recursos económicos y con decisiones políticas. Transparentar el funcionamiento de la institución es una de esas decisiones y este parece ser un buen momento para llevarla adelante.