El gobierno de Santa Cruz había dicho que dialogaría con los policías de cuadros inferiores que se encuentran acuartelados. Pero ayer el conflicto se mantuvo firme y surgió la versión de que se solicitaría el apoyo de fuerzas federales para cumplir funciones de seguridad pública. También se hace más evidente el masivo apoyo de familiares y ex miembros de la institución.
A través de la Dirección de Prensa provincial, al promediar la jornada del martes se dijo que los ministros de Economía y de Gobierno, Ariel Ivovich y Paola Knoop, junto al secretario de Seguridad provincial, Alejandro Martín, continuaban trabajando para destrabar el conflicto, “motivo por el cual no se han realizado declaraciones oficiales sobre las tratativas que se están llevando a cabo con los efectivos que se autoconvocaron”.
El informe oficial aseguraba que se estaban estableciendo diálogos con los referentes de los policías huelguistas, a quienes se los impuso sobre la complicada situación económica y financiera que afronta el Estado provincial.
Sin embargo, voceros de los acuartelados en Caleta Olivia dijeron que ellos desconocen el poder de gestión de los “referentes” a los que hace alusión el gobierno, asegurando que se trata de policías que son allegados a Alejandro Martín y que incluso cambiaron varios puntos del petitorio original.
En consecuencia, exigen que los ministros de referencia vengan a Caleta Olivia para tratar los reclamos que no solo pasan por un incremento salarial sino también por la provisión de indumentaria y un nuevo régimen para el desenvolvimiento de la fuerza ya que el actual data de épocas de la dictadura militar.
GENDARMERIA Y PREFECTURA
El gobierno también había hecho una breve advertencia de que estaba analizando “distintas alternativas si la situación actual se extendiera en el tiempo”.
En ese sentido, el diario Tiempo Sur de Río Gallegos lanzó en su portal digital una versión que daba cuenta que de persistir el acuartelamiento el Ejecutivo Provincial se vería en la obligación de solicitar la intervención de una fuerza federal para garantizar la seguridad de los habitantes y permitir de esta forma el cumplimiento normal de las funciones del Estado.
El citado medio no hizo mención a fuerza específica alguna, pero fuentes confiables señalaron ayer a Diario Patagónico que como es norma en estos casos, se requeriría el apoyo de Gendarmería y de Prefectura.
En la práctica ello estaría avalado por un leve incremento de hechos delictivos que se están produciendo en distintas localidades y no pueden ser contenidos, pero incluso en Caleta Olivia la sucursal del Banco Santa Cruz estuvo cerrada por no contar con custodia policial.
Otra situación preocupante se percibe en Pico Truncado, donde más de 50 efectivos que cumplen funciones en la alcaidía se plegaron al paro y sólo quedan pocos oficiales para custodiar a decenas de presos.
APOYO DE FAMILIARES
A todo esto, también en la víspera se evidenció un mayor apoyo hacia los acuartelados, no solo por parte de sus familiares sino también de policías jubilados.
En Caleta Olivia fueron casi un centenar las personas que marcharon a media tarde desde el Gorosito hasta la Comisaría Seccional Primera, la Unidad Regional (donde se encuentran los efectivos del Comando Radioeléctrico) y la Unidad V de Bomberos.
El encuentro fue fraternal y quienes llegaron para dar su apoyo acordaron establecer una logística para llevar alimentos diariamente.
En ese mismo marco, un referente de gremio de los municipales les transmitió la solidaridad de sus compañeros, en tanto que un vecinalista de la zona de chacras anticipó que pedirá en la reunión de la Federación de Uniones Vecinales que se eleve un petitorio a la Legislatura para que los policías tengan un representante en ese ámbito, dado que por cuestiones reglamentarias no cuentan con un sindicato propio.
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