Un fiscal penal dispuso una medida en el Colegio de Escribanos para constatar la legalidad de los documentos
La medida de prueba fue realizada por el fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila, luego de que los bancos remitieran los cheques en los que se encontraban adosados los papeles de una escribanía. La investigación involucra al menos a cinco personas (entre los que se encuentran empleados municipales) por la probable estafa,
La supuesta maniobra
La causa había comenzado en septiembre de 2011, cuando el ejecutivo municipal le inició un juicio por impuestos adeudados al empresario Roberto Basualdo. Sin embargo, el comerciante aseguró que había realizado los pagos.
Los recibos con los que Basualdo acreditó haber abonado los impuestos a la Dirección de Ingresos Municipales (DIM) eran apócrifos, según se determinó, al igual que los sellos del Banco del Tucumán que constaban en la documentación.
Por la investigación, fueron imputados los inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) Gabriel Gerez y José López, quienes fueron separados por el municipio luego de este caso.
También fueron involucrados el comerciante Víctor Saad (a cuyo nombre habían sido cedidos los cheques para el pago de los tributos), Daniel Abarza (quien sería familiar de un asesor legal de la Dipsa, según el fiscal) y Ariel García Isidro (ex gerente de la firma Basualdo SA).
El fiscal considera que Gerez y López recibieron los cheques destinados al pago de los impuestos y que luego, usando sellos falsos, cedieron el cobro de los mismos a Saad.
El dinero habría sido depositado en cuentas de los bancos Macro, Río, Galicia y HSBC.
Truchos
Navarro Dávila dispuso la medida de ayer para corroborar la autenticidad de los documentos utilizados para la operatoria. Una fuente explicó que el Colegio de Escribanos provee de las hojas de actuación notarial a cada escribanía, y esto queda registrado en los libros de la entidad.
Las cesiones de los cheques habían sido asentadas en hojas que habían sido adquiridas por la escribanía a cargo de Ana María Medrano Ortiz, y tenía el sello y la firma -supuestos- de las autoridades municipales.
El Colegio profesional cuenta con un aparato que sirve para detectar si las hojas notariales son auténticas. Para realizar la medida de ayer, el fiscal le notificó a los abogados de los imputados, aunque sólo se hizo presente Fabián Nahas, representante de García Isidro.
La conclusión de la medida de prueba fue contundente: casi toda la documentación era falsa. La misma conclusión tiene el fiscal respecto de las firmas.
La semana pasada, Navarro Dávila terminó de recibir los informes de las distintas entidades bancarias. En los mismos constan los movimientos realizados con los distintos cheques (la suma denunciada ronda los $ 1,3 millones) y el estado de las cuentas de los distintos imputados, según comentaron fuentes de la fiscalía.
Cada uno de los cheques cedidos estaba con su respectiva documentación, lo que posibilitó la medida realizada ayer.
El siguiente paso de la investigación será la citación de los distintos acusados para que presten declaración indagatoria, luego de las nuevas pruebas. Abarza aún no habría designado un abogado defensor, por lo que la fiscalía le notificó de los nuevos pasos a la Defensoría Oficial.
La fecha de la declaración aún no fue establecida, pero de las últimas actuaciones se desprenderían al menos dos nombres más, que también podrían agregarse a la lista de imputados.
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