Esto es así ya que la gobernadora tiene que convocar a las elecciones provinciales el próximo 29 de agosto y necesita de la aprobación legislativa. Caso contrario, se verá obligada a aplicar alguna alternativa legal para evitar un caos institucional en octubre.

El gobierno está preocupado por esta situación debido a que los tiempos se acortan, teniendo en cuenta que hoy los senadores vuelven al recinto pero las leyes con media sanción de Diputados no formarán parte del orden del día. La próxima semana se especula que no habrá sesiones ante las actividades del cierre de campaña, quedando el jueves 15 como fecha límite para que las iniciativas sean aprobadas.

Si bien quedaría el jueves 22 de agosto, en caso de no aprobarse, el tiempo para que el gobierno analice cómo realizar la convocatoria es escaso, especialmente si se llegara a tomar la decisión de realizar la convocatoria por un decreto de necesidad y urgencia (una de las alternativas más firmes), que necesita ser dictado con mayor antelación.

Recordemos que la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, a través del decreto 501 convocó en su artículo segundo para el 27 de octubre de 2013 la elección de senadores y diputados nacionales, según corresponda a cada distrito.

El gobierno local después de muchos años determinó que las elecciones provinciales para la renovación parcial de las cámaras de Diputados y Senadores se realicen en forma conjunta con las elecciones nacionales. Por el artículo 29 de la Ley Electoral Nº4628, Corpacci debe hacer la convocatoria con sesenta días de anticipación, cuando se consiga fecha de elección, clase y número de cargos a elegir, número de candidatos por los que puede votar el electorado y el sistema electoral a aplicarse.

Si la Legislatura no aprueba la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 pueden elegir los candidatos provinciales, la operatividad de los comicios será uno de los mayores puntos conflictivos.

En ese aspecto, no se descartan dos urnas, en unas de las cuales voten los jóvenes sólo para diputados nacionales, aunque para ello se requerirá una importante campaña de difusión para evitar que aquellos que hagan uso de este derecho incorporen el voto de candidatos provinciales.

Sin embargo, también se plantea que para la fiscalización debería conformarse un tribunal, integrado por el juez federal, el presidente de la Corte de Justicia y el juez electoral provincial. Estos dos últimos no tendrían participación si se aprueban las leyes reclamadas.