El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero puso en duda la actitud de los empresarios tucumanos ante la iniciativa. Considera que los ingenios deben tener la obligación de adherir y aplicar el programa que se propone.
Al mismo tiempo, dijo que el proyecto del vinazoducto que se propuso en la reunión del Comité de Cuenca como solución para el tratamiento de la vinaza “ya lo propuso la Defensoría del Pueblo hace cinco años y nada se hizo”.
“Es más de lo mismo. Trajeron un programa que se propuso hace cinco años desde esta Defensoría del Pueblo. No es menos importante destacar que, luego de 20 años de denunciar esta provincia que la vinaza es el principal contaminante de la cuenca Salí-Dulce, lo cual se negaba sistemáticamente desde Tucumán, ya es un aliciente que el mismo gobernador, José Alperovich, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, y el ingeniero, Miguel Morandini, admitan públicamente la preocupación que provoca esta carga contaminante que ingresa a las aguas del recurso natural sin tratamiento”, expresó.
Díaz Achával además puso en duda la actitud de los empresarios tucumanos ante la iniciativa. “Mientras los ingenios no tengan la obligación de adherir y aplicar el programa que se propone, esto no va a ninguna parte. Para mí, a los empresarios no les importa arrojar vinaza a la cuenca. Mientras los industriales azucareros no tengan la obligación de hacer y cumplir el plan, esto no va a ninguna parte”, insistió.
Para el defensor del Pueblo santiagueño, la solución real vendrá con la intervención de la Justicia, tanto en la faz penal como civil. “Esperamos que el Juzgado Federal dicte las medidas que solicitamos, y puntualmente que cada industria azucarera informe qué plan tiene para el tratamiento de cada litro de vinaza que produce. Si no hay plan de tratamiento de desechos industriales, que la Justicia no les permita trabajar, para que no ganen dinero a costa de producir vinaza y peces muertos”, remarcó.
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