En horas de la mañana de ayer, tuvo lugar en el Centro de Jubilados General Savio una reunión autoconvocada entre ex agentes de Somisa beneficiarios de la Ley 26.572 –que prevé una indemnización económica a quienes no hayan accedido al Programa de Propiedad Participada-. En esta ocasión, el encuentro fue entre aquellos que tiempo atrás iniciaron juicio al Estado por no haber recibido el PPP y que hoy se enfrentan a la preocupación por el efectivo cobro del beneficio y por el monto que tendrán que abonar en concepto de honorarios de los abogados que llevaron las causas y/u otras costas del juicio. Por versiones extraoficiales, se trataría en total de unas 1.000 personas las que se encuentran en esta situación.

La convocatoria de ayer reunió cerca de 100 ex somiseros que plantearon las diferentes situaciones que experimenta cada uno en un intento de accionar conjunto para limitar o disminuir los gastos destinados a los letrados. Entre otras cosas, argumentan que las gestiones que éstos emprendieron fueron mínimas y que el pago del PPP se hizo efectivo porque se aprobó la ley y no como consecuencia del accionar del representante legal de cada particular.

Pago de honorarios

Acerca de la problemática en cuestión, uno de los ex somiseros allí reunidos -Héctor Monzón- manifestó a este medio que desde Economía les solicitaron que desistan de la acción judicial para seguir adelante con el cobro del PPP, “pero eso tiene que venir con la firma y el sello del juez interviniente”.

“Tengo entendido que igual vamos a cobrar, tengamos o no tengamos juicio. Pero sí nos está costando conseguir ese papel que venga con la firma del juez interviniente. Casi todos los juicios se hicieron mediante un mismo abogado”, sostuvo.

En tanto, expresó otra preocupación que tiene la gente relacionada con la cantidad y calidad de gestiones que hicieron los abogados que llevan adelante dichos juicios contra el Estado por el PPP, y el porcentaje que les correspondería en concepto de honorarios. “Por lo que tenemos entendido, aparentemente no han hecho nada, simplemente una presentación de nuestros datos por medio de un expediente y nada más. Si esto hubiese salido realmente por la intervención de los mismos abogados estarían en todo el derecho de cobrar lo que nos piden, el 20 o el 30 por ciento; pero como aparentemente las gestiones fueron mínimas, entonces el juez determinará si le corresponde cobrar lo que realmente vale el juicio o un porcentaje mínimo que no tendría que pasar del 8 por ciento”, señaló.

En este marco, la reunión tuvo como objetivo compartir experiencias en cuanto a la situación y avance en cada uno de los casos, y aunar esfuerzos para un accionar correcto.