El ex jefe de “Los Intocables” de la DGI Luis María Peña y otro excomisionado del Ministerio de Hacienda, Raúl Ernesto Cuello, denunciaron a funcionarios de esa cartera provincial por demoras de años en las diligencias de cobro de deudas impositivas y la desaparición de expedientes abiertos contra grandes empresas por evasión y fraude fiscal.

La presentación penal ingresó ayer al despacho del fiscal correccional N§ 5, Marcelo Rubio, y atribuye al director general de Rentas, Diego Dorigato; el secretario de Ingresos Públicos, Javier Montero, y el ministro de Finanzas, Carlos Parodi, incumplimientos de deberes traducidos en un perjuicio a la Provincia por cerca de $200 millones.

En la presentación judicial, los excomisionados reseñaron que desde diciembre de 2009, cuando el Gobierno provincial dispuso el cese contractual de sus funciones de verificación de contribuyentes del impuesto para las actividades económicas (convenio multilateral), sellos y cooperadoras asistenciales, con sede fuera de la provincia, decenas de causas en trámite no muestran ningún avance en las actuaciones para el cobro de millonarias sumas adeudadas a la Dirección General de Rentas (DGR) por incumplimientos tributarios, intereses y multas.

En los anexos de un acta que se firmó el 4 de enero de 2010 y fue aprobada el 28 de diciembre de ese año, por resolución 628 del Ministerio de Finanzas, consta un significativo número de expedientes en los que correspondía instar por el abogado fiscal de la DGR, ante la Fiscalía de Estado o la correspondiente autoridad judicial, el impulso necesario para evitar dilaciones en el cobro de los créditos fiscales.

En el anexo tercero del acta ofrecida como prueba del presunto incumplimiento de deberes de funcionarios públicos hay 169 expedientes que fueron iniciados por los excomisionados a fideicomisos financieros y de los cuales “se desconoce su estado de trámite y paradero, por una llamativa omisión” en informes y registros, según expresa la denuncia.

La presentación penal pone de manifiesto una curiosa excepción, en el expediente 28349/09, abierto contra una compañía del sector hidrocarburífero, Petroterra, por una deuda de aproximadamente $600 mil originada en 2008. A la citada empresa, después de mucho tiempo, la DGR le otorgó facilidades de pago por 48 cuotas, las que fueron incumplidas en su totalidad. No obstante, la firma recibió otra refinanciación por 60 cuotas. “Todos los demás expedientes sufren demoras injustificadas por tres y cuatro años, sin el debido cumplimiento de las funciones por parte del director de Rentas, el secretario de Ingresos Públicos y el ministro de Finanzas, causando multimillonarias pérdidas al erario provincial”, expresa la acción iniciada por Peña y Cuello.