Los fiscales Arnaldo Maza y María Tolomei, a cargo de la causa, confirmaron que en la audiencia que duró unos 40 minutos, el doctor Saghis reconoció la falsedad ideológica de los certificados médicos emitidos para intentar acreditar que había atendido a la víctima y a una chica cuando en realidad no era así.
Por su parte, el oficial de servicio Adolfo Carvallo reconoció haber participado en la privación ilegal de la libertad, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público en cinco hechos. “Labró actuaciones contravencionales, acta de demora e incorporó los certificados médicos”, manifestó.
Maza aclaró que con “vejaciones” se refiere a golpes y todos los castigos que sufrió el menor por parte del personal. “El hecho abarca en todo el tramo vejaciones”. Para Carballo pidieron 3 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por 6 años para ejercer cargos públicos.
Tolomei aseguró que se intentará probar que “todo lo que hemos sostenido ocurrió y la responsabilidad de las personas que hemos acusado. La prueba existe”. Para los otros 5 imputados en los delitos más graves (tortura con abuso sexual gravemente ultrajante), se pedirá una pena de 17 años de prisión, aunque la querella iría por más. “Estamos seguros de que es un caso con mucha prueba. Los defensores no llegan a un juicio abreviado si tienen posibilidad de escapar a una condena”, graficó.
Confesiones
Tolomei explicó que en el caso del oficial de servicio, su participación se relaciona a todo lo que pasó en la Comisaría 2ª. “Reconoce haber sabido de golpes, maltratos y situación de violencia por su subordinado y no sólo no haber intervenido para frenar esto, sino no haber hecho lo necesario en una situación que sabía que era irregular”, resaltó. “En los abreviados sólo asume la responsabilidad en los hechos que se le imputan a él. No hay un reconocimiento por otra persona”.
Respecto a que si los imputados que optan por el juicio abreviado son aquellos cuya participación es de menor gravedad, Maza aclaró que “dentro del marco punitivo de todos los aspectos penales que tenemos, hay delitos gravísimos. Al quedar fuera de reconocimiento la tortura y el abuso, lo que ellos reconocen pueden ser menores pero son gravísimos; los otros son mucho más graves”.
“Reconocer una privación ilegal de la libertad, vejaciones y falsedad ideológica de instrumentos públicos para dar viso de legalidad es muy grave”, insistió. “Comparándolo con la tortura y el abuso puede ser que aparezcan como menores, pero son gravísimos”.
El juicio será oral y no público. Los fiscales coincidieron en que la decisión “tiene que ver con preservar a la víctima y la familia. Lo solicitó la Asesoría de Menores que pidió que no sea pública la audiencia”, resaltaron.
“El asesor de menores está velando por el interés de la víctima y no fue ni la Fiscalía ni la querella la que pidió la medida. La querella es la representante de los padres del joven, el asesor vela por los intereses del joven más allá de lo que digan los padres”, remarcaron.
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