Operativos dudosos. En la mayoría de los operativos de control de tránsito en la Capital, al parecer, la palabra de los inspectores no es igual a la de otros mortales: sus actas de infracción tienen la validez de un instrumento público, aunque éstas sean defectuosas y arbitrarias.

La historia de uno de los vecinos que se acercó a LA UNION para contar su caso puede ser la de muchos catamarqueños. Días pasados le hicieron una multa y le secuestraron el vehículo de manera arbitraria y contraria a toda la normativa vigente.

El hecho se produjo cuando el damnificado se conducía en su vehículo por calle San Martín, pasando la intersección con calle Maipú, y es detenido por un operativo de control de tránsito. “Los agentes me solicitaron la documentación pertinente, y dado que no contaba con mi documento de identidad el agente municipal me advierte que constatando que mi carné de conductor había sido emitido por la municipalidad de Valle Viejo, pese a lo cual en la célula verde consta un domicilio de la Capital, me encontraba en infracción por poseer el carné de extraña jurisdicción”, contó el conductor.

Por ello, los agentes de tránsito labran el acta de infracción (sin entregarse copia al conductor) y proceden a la retención del vehículo. Ante la oposición del conductor de que el vehículo sea secuestrado y llevado al corralón, un tercero se ofrece a conducir el vehículo ya que contaba con el carné habilitante. Sin embargo, y desconociendo la normativa nacional, los agentes de tránsito trasladaron el vehículo al Corralón Municipal, medida excesiva e inconstitucional. En este sentido, el artículo 169 bis del Código de Faltas establece: “El que circulare con licencia sin actualización domiciliaria o de extraña jurisdicción será sancionando con multa de diez (10) a cincuenta (50) UM”, garantizando la libertad de tránsito.

Por ello, este conductor presentó una denuncia en contra de los agentes de tránsito intervinientes (o quien corresponda), atento a que la conducta desplegada encuadraría, en principio, en el delito de abuso de autoridad y violación de los derechos de funcionarios públicos, sumado al desconocimiento de las normativas vigentes y aplicables al caso.

Objetivo: recaudar

En medio del operativo, un agente de Tránsito Municipal de la Capital manifestó y reconoció que la retención de los vehículos se efectúa con fines recaudatorios, resultando mucho más lucrativa que las multas por sí solas, dado que al quitar el vehículo es evidente que su titular se presentará inmediatamente a abonar las sumas exigidas para recuperarlo.

Y esto sin dudas es una mirada sesgada sobre el poder de policía de la municipalidad, ya que en los operativos de control se juega su supervivencia económica. Pero lo que no se puede hacer, en este proceso de imponer orden, es saltear las garantías constitucionales.

Rehenes de la arbitrariedad

La gran mayoría fue víctima de la arbitrariedad que, en ocasiones, cometen los inspectores municipales en su afán de controlar las normas de tránsito, lo que en la calle genera protestas en contra de algunos de estos funcionarios.

Es común ver a los inspectores de tránsito en operativos tipo comando, o a municipales escondidos en una esquina, listos para sorprender a ese infractor desprevenido que pasó el semáforo en rojo. El problema no es el control, sino el abuso.

Según algunas consultas realizadas por LA UNION a taxis, remises y particulares de este complejo ecosistema callejero, hay inspectores municipales que cometen errores o excesos a la hora de hacer la boleta. El rosario de críticas es extenso: infracciones inexistentes, malos tratos en los operativos, actas defectuosas o pruebas falsas para justificar una multa, lo que viola mínimas garantías constitucionales.