El fallo fue dictado por los jueces del Tribunal Oral V de La Plata, luego de que la fiscal de Juicio, Maribel Furnus, desistiera de formular la acusación sobre los imputados Daniel Seoane, José Rivero, Carlos González, Juan Bartolucci, Reinaldo Giles, Alejandro Germán Jorge y Roberto Burgos, quienes habían sido procesados por una supuesta coacción, con la finalidad de impedir el ingreso de camiones a la planta de Repsol.

Para la fiscalía, en ese caso “existe una duda razonable que impide la formulación de una acusación”.

También dictaminó la absolución de Seoane y Carlos Guanciarrrosa, por otro caso, en los que habían sido imputados también de coacción, en el marco de esa protestas.

En este último hecho la fiscal concluyó que en el juicio no surgieron elementos para acreditar el hecho.

Por su parte, el abogado de los acusados, Marcelo Ponce Núñez, a la hora de alegar, no coincidió con la fiscal en cuanto a la aplicación del beneficio de la duda para uno de los hechos juzgados, al entender que en ninguno de los dos hubo delito.

Además solicitó que se aplique en forma supletoria el Código de Procedimiento Civil y Comercial y se carguen las costas de este proceso al Fisco bonaerense.

El Tribunal rechazó los pedidos de la defensa e hizo lugar a los términos del planteo de la doctora Furnus.

En calle 8, entre 56 y 57, manifestantes de la CTA y diversas organizaciones, que se habían movilizado hasta allí desde muy temprano, festejaron al absolución con batucadas, cánticos y efusivos abrazos con los que estuvieron cinco años procesados.

Las protestas se realizaron en noviembre de 2003, frente a dos plantas que posee Repsol YPF en camino Vergara y 126 y en 128 y 60, donde además los manifestantes quemaron cubiertas. Esta situación derivó en una denuncia penal y el proceso a los ex trabajadores.