SALTA.-La causa penal se encuentra en manos de la fiscal pena en turno, Mónica Poma, quien anoche dio directivas en torno a los hechos de violencia registrados en los alrededores del edificio de la Legislatura Provincial, donde un numeroso grupo de manifestantes se apostó para protestar por el tratamiento de la Ley denominada Antihuelga.

Un informe remitido por la policía dio cuentas a la fiscalía de los hechos de violencia llevado adelante por los manifestantes, quienes mantuvieron sitiada la legislatura hasta la medianoche, sin permitir que los legisladores pudieran abandonar el edificio.

Por lo trascendido, la fiscalía abrió las actuaciones por los presuntos delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “coacción agravada”, cargos por los cuales el Código Penal prevé penas que van de los cinco a quince años de prisión.

En el caso de coacción agravada, se aplicaría uno de los incisos del artículo 149 ter, el cual señala la aplicación cuando las personas que incurra en esta acción “tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

En vista de ello, la fiscalía ya dispuso varias medidas de investigación, entre ellas se obtengan todo el material de las cámaras de video del lugar a fin de individualizar a los causantes de estos supuestos delitos que ahora están siendo materia de investigación.

Por otra parte, no se descarta que desde la Legislatura se radique la denuncia del caso, puesto que como lo señala el artículo del Código Penal antes mencionado, el accionar de los manifestantes impidió la sesión de los diputados provinciales, hecho considerado de gravedad institucional.