Si con la decisión de la Suprema Corte de ratificar la constitucionalidad de la Ley 7.722, también conocida como Ley Antiminera, se estimaba que la discusión sobre el desarrollo de la actividad en la provincia estaba terminado, pues se cayó en un error.

El Gobierno provincial a través de la Secretaria de Energía, Minería e Hidrocarburos, estudia la factibilidad de los proyectos mineros que pueden avanzar en la provincia y no se descarta la opción de avanzar con San Jorge, pero no sólo con el proyecto biprovincial, sino que reflotar la opción que se archivó en 2011 por pedido del entonces candidato, Francisco Pérez.

Sin embargo, la posibilidad no cae nada bien en un sector del oficialismo, específicamente en algunos intendentes y legisladores que no están de acuerdo con esa opción y que incluso, estudian las formas para "trabar" el avance del biprovincial, el cual pretende extraer material en Uspallata y llevarlo a San Juan para ser procesado.

Para recordar

El proyecto minero metalífero San Jorge ha pasado por tres etapas en busca de la posibilidad de explotar un yacimiento cuprífero en Uspallata. En primera instancia quiso hacerlo mediante lixiviación para lograr cátodos de cobre, proceso que fue rechazado por el uso de ácido sulfúrico, el cual quedó prohibido después de la aprobación de la Ley 7.722.

 Luego avanzó con la posibilidad de producir concentrado de cobre mediante el proceso de flotación, que si bien no tenía choques con la ley y se emitió la Declaración de Impacto Ambiental, fue resistido y archivado cuando se discutía el aval legislativo por pedido del entonces candidato a gobernador Francisco Pérez. La tercera opción es la que se mantiene activa y que no tiene conflictos con las normas vigentes, ya que consiste en extraer material en Uspallata y trasladarlo 22 kilómetros hasta Calingasta, San Juan, para su procesamiento a través de lixiviación.