La decisión adoptada por el titular del Juzgado Federal II de Tucumán, Fernando Poviña, de que todos los restos óseos que sean recuperados en el Pozo de Vargas, donde fueron arrojados los cuerpos de desaparecidos durante la última dictadura militar, sean enviados a Buenos Aires para estudios antropológicos y arqueológicos, generó profundo malestar entre los Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FADETUC).

Desde la agrupación defensora de los Derechos Humanos afirmaron que tienen "una posición científica-humanística distinta a la sostenida por el magistrado" y convocaron para este lunes, a las 10.00, a realizar un "abrazo simbólico" en el predio, ubicado a la altura de avenida Francisco de Aguirre al 4.200, en señal de protesta.

Para justificar su postura, desde la organización advirtieron que "no debe olvidarse que los restos humanos pertenecen a los familiares, que cada uno de ellos representa a nuestro familiar. Para nosotros no constituyen una pieza arqueológica ni un fragmento óseo", acotaron, mediante un comunicado firmado por la titular de FADETUC, Virginia Sosa, y de la abogada querellante Josefina Molina.

Además, recordaron que fueron los Familiares junto a militantes de otros agrupaciones quienes en 2002 denunciaron la existencia de fosas comunes en el Pozo de Vargas ante el Juzgado Federal II".

"Los familiares y especialmente FADETUC sostuvimos que la investigación la realicen peritos de la Universidad de Tucumán (CAMIT) porque son idóneos, porque están radicados en Tucumán. Ellos son los que descubrieron el Pozo. Conocen a la perfección la mecánica del ocultamiento, la ubicación de los cuerpos, las características de los elementos asociados etc. Deben continuar con la labor de reasociación interquelestal y a partir a ahí recién realizar el cotejo correspondiente para su identificación", manifestaron.

Por otro lado, denunciaron que "el Juzgado no contempla aspectos humanitarios, hasta ahora, sólo satisface pedidos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyo objetivo es el manejo absoluto de todas las investigaciones. La entrega parcial y escalonada de los restos genera en nosotros mucho dolor. El juez (Poviña) y el Estado Nacional no debe sumar más dolor al que ya tenemos", espetaron.

Finalmente, desde FADETUC señalaron que "el Estado debe saber que el duelo comienza con los trabajos de exhumación y cada uno de nosotros debe ser respetado, así lo establece la Constitución Nacional y normas internacionales. El duelo es un derecho constitucional, y los rituales también. Exigimos que el proceso de identificación se perfeccione una vez que se haya recuperado la totalidad de los restos mortales de las víctimas del genocidio por los peritos del CAMIT", completaron los Familiares.