En la mañana de ayer, los aborígenes Israel Alegre y José Suárez se abstuvieron de declarar ante la Justicia Federal por la causa del corte de la ruta nacional 81 que mantienen hace más de dos semanas, en reclamo de la "reparación histórica" de la comunidad indígena del barrio Namqom de esta ciudad. En tanto, designaron a Roxana Elvira Silva como abogada defensora y solicitaron un traductor.

Por su parte, Roxana Silva informó a La Mañana que pedirán una nueva fecha de declaración "para los próximos días, antes del viernes" y que el traductor que solicitan fue designado en una asamblea que tuvo lugar ayer por la tarde. "El Juzgado Federal solicitó también al Instituto de Comunidades Aborígenes una persona para oficiar de traductor", agregó la abogada.

En tanto, Israel Alegre dijo a este diario que las leyes en las que se respaldan los integrantes del corte son leyes internacionales que Argentina también ratificó y reconoce. "El acta que elaboraron en la Gendarmería dicen que estábamos cortando a la altura del kilómetro 1.185, cuando nosotros estamos al 1.183. Yo vengo personalmente a hacer esta declaración, pero el acta desde el inicio está mal", afirmó el líder del corte a este matutino.

En la jornada de ayer la medida de protesta se flexibilizó aún más: el piquete sólo permaneció sobre media calzada, dejando libre el paso de vehículos de todo tipo. Ya en el día anterior el bloqueo pasó a ser de cuatro horas, con intervalos de sesenta minutos para dejar libre el tránsito. Por la tarde, los aborígenes se reunieron de vuelta en Asamblea para determinar nuevas medidas.

Petitorio (SUBT)

Organizados en grupos, aborígenes presentaron un petitorio de diez puntos en la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados de la provincia. El mismo fue redactado en las asambleas llevadas a cabo en los días anteriores en el piquete. "La prensa dice que nosotros no sabemos lo que queremos, así como otros medios. En ese petitorio queda bien claro lo que nosotros estamos pidiendo", afirmó Alegre.

El documento, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados se peticiona que se convoque a una mesa de diálogo "en la cual podamos tratar cuestiones que nos afectan hace varios años", y se expone los siguientes puntos: 1- Efectiva aplicación de la ley 26.160 y su prorroga 26.554, por la cual se dispone la realización de un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas en el lote 67 y la manzana 21 del plano catastral del lote 68. 2- Se respete el derecho de consulta y participación en todas las cuestiones que afecte al pueblo aborigen, directa o indirectamente. "Entendiéndose la consulta como un proceso global y no reuniones de un día o dos, como es aplicado actualmente", aclaran. 3- La construcción de viviendas "para las familias que fueron discriminadas de los planes habitacionales". 4- Se considere demoler las 90 viviendas construidas durante el gobierno de facto y se inspeccione las entregadas en los años 2004 y 2006, "las cuales adolecen de graves fallas". 5- La autoconstrucción de todas las viviendas, "como forma de generar empleos que nos dignifiquen, y no estén sujetos a amenazas y aprietes de funcionarios, diputados y concejales". 6- Un sistema de educación acorde a su cultura y presupuesto para educación secundaria y universitaria. 7- Mejoramiento de servicios de salud y acondicionamiento del centro. 8- Autonomía del ICA, con un presidente elegido por los cuatro pueblos. 9- Refacción de la red de agua potable. 10- La modificación del régimen de personería jurídica de las asociaciones civiles, por uno que sea "acorde a nuestra cultura y que garantice y respete la libertad de elegir nuestras autoridades.