Los miembros del consejo directivo del Colegio de Abogados de la capital están convencidos de que el funcionamiento de la Oficina de Análisis Económico y Social, concebida para evaluar de antemano el impacto de las sentencias o decisiones proyectadas por los tribunales provinciales, vulneraría las normas del debido proceso y afectaría la independencia de los magistrados.

Por eso, a través de una nota que contiene duros conceptos, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que derogue inmediatamente la acordada N° 181/2010, que crea la unidad; entre otras razones, por considerar que el alto tribunal "carece de atribuciones para crear órganos auxiliares".

En el momento de fundar el pedido, el consejo que preside Eudoro Aráoz esgrimió, en primer lugar, razones de índole procesal. "La oficina actuará sólo por indicación de la presidencia de la Corte, órgano máximo de revisión de las sentencias de los jueces inferiores, lo que implica una injerencia anticipada (de la Corte) en las causas", destacó.

Los letrados advirtieron que la actuación del órgano consultor crearía "una instancia no prevista por los códigos de procedimientos", amén de que ocasionaría mayores dilaciones en la tramitación de las causas.

Asimismo, manifestaron que la ponderación, por parte de los magistrados, de los estudios que realizara dicha oficina afectaría el deber de administrar justicia y de ajustarse al caso que deben fallar, que pesa sobre los jueces. "También implica la violación del debido proceso legal, de raigambre constitucional", recalcaron.

Más argumentos

A los abogados también les asusta que, por medio de los informes que concretara la oficina, se pueda "hacer prevalecer una teoría economicista por encima del apego a los principios constitucionales y a las leyes que reglamentan su ejercicio". "El estado de derecho no puede subordinar la aplicación de la ley a cuestiones económicas cambiantes y volátiles", subrayaron.

Tono firme

Con igual firmeza, los abogados remataron: "el dictamen emitido por esta oficina, que no estará subordinado a norma o principio jurídico alguno, influirá sobre resoluciones en las que estará en juego la legitimidad del derecho reclamado por las partes, que se sustenta en los elementos reunidos durante el proceso, únicos factores que deben ser considerados en el momento de sentenciar, y no la conveniencia de dictar una sentencia en función de una situación económica coyuntural".