Como los delitos a denunciarse se han consumado en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, pero reproducidos con impúdica trascendencia en los medios locales, en ocasión de concretarse una asamblea extraordinaria de la institución, los letrados afirmaron que “son competentes para investigar, el juez de garantías, y el fiscal de investigaciones en turno, de la ciudad de Buenos Aires” y remarcaron que eso sucedió cuando “oficialmente y en forma pública salieron a avalar las prebendas recibidas de parte del Poder Ejecutivo Provincial”, afirmándose que dicha acción “no constituía delito alguno.

Luego de marcar que esta es “la manifestación pública de estos magistrados y funcionarios, en contra del orden legal no sólo de la Nación sino de Formosa, y contra la voluntad del Pueblo plasmada en su Constitución y que aspira a ser gobernado bajo un régimen republicano” señalaron que a los integrantes de esa junta les cabe lo prescripto en el Código Penal de la Nación en su libro segundo, título ocho, referido a Delitos contra el Orden Público: y en el capítulo cuatro de este título en relación a la Apología del Crimen, artículo 213: “Será reprimido con prisión de un mes a un año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

A ello le sumaron lo preceptuado en el título once, capítulo trece habla de los Delitos contra la Administración Pública, y en el artículo 277 inciso “a” que dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado: a) Ayudare a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta”; y cuando el encubrimiento es cometido por funcionarios se duplica la escala penal, de un año a seis años de prisión.

A la vez consignaron que “los integrantes de la FAM de todo el país, han violado los códigos de ética pública a los que están sometidos; además sin fundamento constitucional ni legal alguno han pretendido interferir en el funcionamiento de los organismos de control de la Provincia.