El Colegio de Abogados de Tucumán declaró la emergencia y crisis del ejercicio de la profesión de la abogacia en la provincia de Tucumán, ante la parálisis que atraviesa el Poder Judicial, ocasionada por el importante número de vacantes de jueces en juzgados y cámaras de diversos fueros, lo que afecta sensiblemente el ejercicio de la profesión de abogado. Lo cual trae como consecuencia para los profesionales, la imposibilidad de percibir honorarios, y porque además "deteriora la relación profesional-cliente, atento la demora en la resolución de los conflictos".

Meidante una resolución rubricada por el presidente del Colegio, Eudoro Aráoz, luego de la habitual reunión del Consejo Directivo del colegio.

En el escrito los abogados resolvieron "constituir en estado de alerta y sesión permanente al consejo directivo, conjuntamente con las comisiones internas de Defensa del Ejercicio de la Profesión y de Incumbencias Profesionales".

El documento pone de manifiesto "la preocupación de la institución ante la falta de cobertura de las vacantes en el Poder Judicial, que se traduce en un atraso sustancial del despacho y tramitación de causas judiciales, y además impide la regulación de los Honorarios Profesionales de los abogados intervinientes".

Consignan que tal situación "pone en serio riesgo el ejercicio profesional, en tanto la percepción de los emolumentos profesionales de neto corte alimentario, se encuentra supeditada íntimamente al normal funcionamiento del Poder Judicial y una ágil administración de Justicia".

Adviertieron que "la lentitud registrada en la tramitación de los procesos judiciales, desalienta el acceso a la instancia jurisdiccional de los justiciables, afectándose con ello, el derecho a una Justicia rápida y eficaz, e incitando a muchos ciudadanos a buscar alternativas no legítimas para la resolución de sus conflictos, alternativas cuya búsqueda debe ser evitad y desalentada por el estado mediante un funcionamiento idóneo del Poder Judicial".

Las autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán, pusieron de relieve que "en este contexto, se ha registrado un importante número de solicitudes de cancelación y bajas de Matrículas Profesionales, como así también, el cierre y fusión de Estudios Jurídicos, por no poder sostener sus gastos de funcionamiento".

Finalmente exhortaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Provincia, "a proveer las vacantes existentes en la Magistratura Judicial, observando el Orden de Mérito de las Propuestas elevadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 101, inciso 5º de la Constitución Provincial".

También pidieron a los consejeros del CAM a disponer las medidas apropiadas a los fines de agilizar los llamados a concursos de la Magistratura.