Abogados, financieras y usureros sobrevuelan desde hace largo tiempo a las familias de extrabajadores de YPF, atraídos por los resarcimientos económicos desprendidos de largas demandas por diferencias de haberes, acciones de propiedad participada y otros derechos reclamados.

Juana Villacorta, mujer de un jubilado de la actividad petrolera que murió en 2005, debe cobrar mañana una importante suma por un juicio de equiparación de haberes que había iniciado su esposo hace 14 años.

El banco Macro le comunicó el pasado 18 de junio que los fondos girados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en cumplimiento a la sentencia judicial, están a su disposición en esa entidad financiera.

Lejos de la tranquilidad esperable, Juana vive horas de mucha angustia y preocupación, porque desde hace dos meses se siente acosada por un estudio jurídico de Buenos Aires que le exige, en concepto de honorarios, el 30%, más IVA, del total del resarcimiento económico que dispuso un Juzgado de la Seguridad Social metropolitano en el juicio previsional que perdió la Anses. 

Según personeros locales del estudio de abogados que la hostiga, Juana firmó con ellos un pacto de cuota litis de tal proporción. 

La mujer, de 71 años, no recuerda haber firmado jamás ningún convenio ni tener copia alguna de un acuerdo semejante. 

No obstante las dudas, ella y sus hijos manifestaron su disposición a honrar los honorarios del juicio, pero en la justa medida que marcan las normas vigentes y en las formas que están legalmente establecidas.

Las exigencias

"Exigen que les paguemos los honorarios en dinero líquido, y no nos parece correcto, porque de esa manera se evitarán los aportes que fija la ley", manifestó Beatriz Padilla, la hija mayor de Juana.

La abogada Graciela Santucho Giménez, quien asesora a la mujer, afirmó que "el tope máximo de honorarios que se debe pagar por un juicio de esta naturaleza es del 20%". 

La letrada aclaró, asimismo, que "la vía normal de este tipo de pagos es la transferencia bancaria".

Juana y su esposo, Salomón Orlando Padilla, vivieron en la localidad de Tartagal desde 1962 hasta 1979. 

Desde ese año, la familia reside en Ciudad del Milagro, en la zona norte de la ciudad de Salta.

Padilla había entrado a YPF en 1952, con solo 17 años de edad. Trabajó 42 años en General Mosconi y se jubiló en 1991, tras la privatización de la petrolera estatal. Fue ese el punto de partida de miles de juicios entablados contra el Estado nacional. 

Llenas de necesidades, y sin recursos siquiera para accionar ante la Justicia, muchas familias ypefianas se convirtieron en rehenes de estudios jurídicos y gestores con cesiones de derechos, convenios de honorarios y pactos de cuotas litis que comprometieron sus derechos accionarios y sentencias indemnizatorias. 

El caso de Juana es un testimonio más de una larga historia de miserias, ruines y oportunistas.