Una tensa situación se produjo anoche frente a una vivienda bandeña, cuando medio centenar de personas se congregaron para exigir que les devolvieran el dinero que habían pagado a cambio de obtener una pensión o un plan social de la provincia de Tucumán.

Ante la posibilidad de que los manifestantes tomaran represalias contra la abogada que había tratado con ellos, la fiscal penal de turno, Norma Morán, indicó a la Policía que la trasladara a la Comisaría Segunda del Menor y la Mujer.

La finalidad de la medida fue preservar la integridad física de la profesional y, a la vez, descomprimir el conflicto que tuvo por epicentro un inmueble ubicado en la calle Cervantes del barrio San Martín de la vecina ciudad, según revelaron calificadas fuentes judiciales.

Promesa incumplida

Los reclamantes expusieron a EL LIBERAL que el año pasado se enteraron de que podían acceder a una pensión o a un plan social estatal sólo con presentar alguna documentación específica.

Para poder iniciar el trámite, era necesario contratar a gestores que se encargarían de obtener esos beneficios, uno de los cuales sería bandeño y la otra, una mujer que residiría en la localidad de Mansupa (departamento Río Hondo).

Los montos que les solicitaban a los interesados iban entre los cien y los cuatrocientos pesos, expresaron los reclamantes.

Aparentemente, los programas asistenciales prometidos pertenecían a la provincia de Tucumán.

Algunas personas aguardaron un tiempo prudencial y no obtuvieron el beneficio pactado, por lo que comenzaron a “visitar” el estudio de la abogada para pedir explicaciones primero, y ahora para exigir que le restituyeran la plata que habían aportado para “su causa”.

Si bien no había precisiones en cuanto al número de solicitantes de estos programas, trascendió que serían varios centenares.

Habría sido víctima

Por su parte, la abogada cuestionada aseguró a EL LIBERAL que ella conocía al gestor local y que tenía muy buena reputación, motivo por el que creyó en la seriedad de su propuesta.

Pero a la luz de los hechos, es que comenzó a devolver parte del efectivo que aportaron los solicitantes “de su bolsillo”.

En tanto, adelantó que hoy hará una denuncia penal en la Unidad Fiscal de La Banda contra las dos personas que la habrían engañado.

Al cierre de esta edición, se habían radicado varias denuncias contra la letrada por presunta estafa, confirmaron fuentes policiales.

¿Casos conexos?

Una operatoria similar, la de acceder a pensiones de la Anses a cambio de una suma para el gestor, llevó tras las rejas a una enfermera bandeña, Edith Silvina Giménez (43).

La aprehensión la ordenó el juez Ramón Gómez, la semana pasada.

Aparentemente, la mujer habría confiado a los investigadores que ella era el nexo con las parturientas y sus familiares para ofrecerles los supuestos beneficios, operación en la que también aparecería involucrado un profesional médico.