En declaraciones a la radio santiagueña LV 11, Gómez afirmó que existen casos de condena por delitos de contaminación ambiental y recordó que por el volcado de residuos patológicos fue condenado un intendente de Concepción a un año de prisión. “También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos”, agregó.

“A nadie se le ocurría después de estas condenas tirar una bolsa con residuos patogénicos mezclada con la basura común, algo que en algunos lugares es bastante común, pero en Tucumán no, porque hubo condenas, entonces esto demuestra que los fallos funcionan”, afirmó Gómez en declaraciones reproducidas por Nuevo Diario.

El fiscal también explicó por qué no ve con buenos ojos las presentaciones de acciones civiles en causas por delitos ambientales. “Creo que todo lo que sea una acción civil, resulta en vano. Lo importante es que avancemos rápidamente en acciones penales ambientales.

“Primero se pone en riesgo de pagar importantes honorarios si se llega a perder el recurso de amparo; segundo es muy complicado probar que el volcado de los ingenios esté llegando a Santiago y tercero, en el mejor de los casos, habrá una reparación económica como consecuencia de esto y con el dinero que se gana cualquiera puede pagar cualquier suma; entonces creo que todo lo que sea una acción civil, resulta en vano”.

Para el fiscal general, si la causa contra la minera llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma”.

“Esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051”. “Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa minera La Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique frontal y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante”, manifestó.