A pesar de que en Chaco, la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti hizo lugar a una medida cautelar contra la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ordenó suspenderla en todo el territorio provincial, el gobierno provincial aún no acusó recibo. 

"Ante la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 27.610 queremos aclarar que el gobierno provincial no ha sido notificado al respecto. Somos respetuosos del Estado de Derecho y respetamos los procesos judiciales", expresó el jueves en redes sociales la Subsecretaria de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud chaqueño, Carolina Centeno. 

El viernes, mientras tanto, agregó que "siendo muy respetuosxs de los procesos judiciales, los equipos del Ministerio seguimos garantizando derechos con el marco normativo y legal vigente en la provincia, de acuerdo a la adhesión al protocolo de ILE".

La cautelar fue presentada por un grupo de miembros de FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) encabezado por Hilda Dellamea bajo patrocinio del abogado Fernando Guirado, solicita que la norma que entró en vigencia recientemente se declare como inconstitucional.

De acuerdo a su argumentación, el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial de Chaco garantiza el derecho "a la vida y a la libertad, desde la concepción" a todas las personas. 

El pedido argumenta que "desde la perspectiva de las competencias se encuentran facultades delegadas, no delegadas y concurrentes entre la Nación y las provincias" que en las competencias concurrentes donde regulan un mismo tema la Nación y las Provincias "ha de ser aplicable la 'ley mas favorable', siguiendo el criterio en darle mayor valor a los derechos de la persona humana".

"Aberración jurídica"

"Es una aberración jurídica que lo que busca es poner palos en la rueda a un derecho que hemos conquistado desde los feminismos. Es ley en todo el territorio nacional desde su promulgación y puesta en vigencia", señaló en diálogo con BigBang la abogada Natalia Saralegui Ferrante. 

En ese sentido, destacó que la ley de IVE "fue sancionada luego de un intenso debate de expositoras y expositores en los plenarios de comisión, luego también hubo exposiciones de parlamentarixs en el Congreso".

"Allí se debatió mucho el alcance constitucional que tiene el derecho a interrumpir el embarazo", agregó. "El argumento del interés superior del niño fue discutido hasta el hartazgo en estos espacios con expertas y expertos, y justamente se habló de que hoy es una necesidad que deje de haber niñas madres. El interés superior del niño no se cumple poniendo palos en la rueda para que pueda tener la plena vigencia la IVE, sino que se cumple a través de legislación y prácticas que garanticen los abortos". 

Para la letrada, además, la medida cautelar es "muy poco sostenible porque no está fundada: la ley es efectivamente razonable y no arbitraria". 

"Es un nuevo intento de limitar lo que es hoy un derecho y una ley de orden público que rige en todo el territorio nacional. Los jueces que quieran velar por le interés superior del niño deberían garantizar los derechos de niñas y adolescentes, y de las personas gestantes", subrayó.