El titular del bloque del PJ salió al cruce de los dichos vertidos a la prensa el jueves por el ministro Rafael Gilmartin, quien había se refirió a la Ley del 70/30 que fuera sancionada en la Legislatura santacruceña en el año 2010, con autoría del Diputado caletense, diciendo que “si la llevamos a un fuero judicial nacional nos dirán que es una ley anticonstitucional, porque todos los argentinos tenemos derecho a trabajar”.

En este sentido Contreras, quien incluso en estos días logró modificaciones a las sanciones, elevando los montos para las empresas que no cumplan con la ley, precisó que “el Ministro está mal informado. Si la ley fuese inconstitucional la hubiesen vetado, y desconoce que trabajamos con Santibáñez y asesores para elaborarla. Considero que las declaraciones de Gilmartin son lamentables”.

El parlamentario sinceró también que le da “mucha bronca”, porque “la realidad de zona norte no es la misma que zona sur. En zona norte dependen mucho de la actividad minera, pesquera y petrolera, y el Ministro debería estar pensando en dar soluciones”.

Las declaraciones del titular de la cartera de Producción, se habían dado en el marco del escandaloso despido a mansalva que Conarpesa realizó con su personal de la planta que posee en el puerto Caleta Paula.

Al respecto, Contreras cargó las tintas también sobre los funcionarios del área de Pesca, ya que “sino tienen que hacer frente los concejales. En Deseado también hay problemas y hay que buscar soluciones, sino tememos conflicto permanente. La verdad que no me gustaron para nada las declaraciones, y lo que hace falta es control y que los funcionarios estén más cerca del problema”, acotó.

Argumentó luego que decir que el 70/30 es inconstitucional “es esquivarle al bulto”, habida cuenta de que, por ejemplo, “la mayoría de los barcos que salen a pescar vuelven completos, y existiendo el curso de marinería para marineros santacruceño, éstos no suben al barco. Lo que hay que hacer es eso, obligar a las empresas a que después de la veda puedan tener prioridad la gente de acá”.

Sobre esto, el legislador incluyó como ejemplo lo que sucede con la minera Cerro Negro. “No puede ser que tenga 1300 empleados, de los cuales cerca de 1000 son de otra provincia o de otro país, cuando en Caleta tenemos 1050 subsidiados, más de 400 de la UOCRA, y ahora estos 89 de Conarpesa, es decir más de 2000 desocupados”.

Para finalizar, Contreras aseguró que las declaraciones del Ministro de la Producción van a contramano de lo que piensa el resto del Gabinete, ya que “incluso tengo el compromiso de Santibáñez para que se sancione la ley. Del momento que está promulgada es constitucional y aunque no estuviese la ley yo defendería a nuestra gente. No entiendo la actitud de este Ministro, no sé qué es lo que no está viendo”, concluyó.

El 24 de junio se cumplieron ya dos años desde la sanción de la ley conocida como 70/30, mediante la cual se instauró la figura de un Registro Único de Trabajadores de la actividad petrolera, minera, pesquera y de pymes locales.

La norma había surgido para contrarrestar la demanda de desocupados y confrontando, con estadísticas que -por entonces- arrojaban que de aproximadamente 15 mil personas que trabajan en los yacimientos de Santa Cruz, más del cincuenta por ciento eran extraprovinciales, es decir que venían a cumplir su trabajo sin aportar demasiado a la economía provincial.

En este sentido, el rol del Estado era y es preponderante, aunque en los hechos poco efectivo, ya que se supone que habría una triangulación entre las carteras de Medio Ambiente, Trabajo y Producción, como organismos de contralor y responsables de la aplicación de sanciones.

Asimismo el registro, que ahora Contreras denuncia que no se cumple, debía ser utilizado obligatoriamente por las operadoras petroleras, mineras y pesqueras asentadas en esta provincia para que contraten recursos propios, es decir firmas que tengan dos años de antigüedad en la provincia.

De allí se desprendía que el setenta por ciento de la mano de obra debía ser local o con 3 años de residencia.

“En supuestos casos en que el objeto específico de la prestación no pueda ser cumplido por empresas santacruceñas, podrán contratarse empresas foráneas, las que deben cumplir los siguientes requisitos: constituir una base operativa en la provincia, donde se instalará administrativamente hasta finalizar su cometido, lo que incluirá todas las actividades emergentes para tal fin; someterse al régimen impositivo y tributario de Santa Cruz, y que las unidades que sean afectadas al servicio que prestan deberán estar radicadas en forma definitiva en las municipalidades de su jurisdicción.