325.000 euros por la mala gestión de los parques de Aranda

325.000 euros por la mala gestión de los parques de Aranda

Un informe técnico municipal calcula esa penalización para Urbaser, la concesionaria. Estima que en tres años han muerto 465 árboles y que hace falta reponer más de 18.150 metros cuadrados de césped echado a perder.

El estado en el que quedaron las zonas verdes de la capital ribereña tras la gestión de la anterior empresa adjudicataria de su servicio de conservación y mantenimiento le podría costar a Urbaser 325.000 euros. Esta es la valoración de los técnicos municipales de los daños y perjuicios sufridos por los parques y jardines y del incumplimiento de casi la totalidad de la oferta que presentó la empresa para hacerse con este contrato municipal entre agosto de 2018 y octubre de 2021.

Serán los responsables municipales los que, con el criterio técnico como base, fijen la cantidad total que tendría que abonar esta empresa en concepto de penalidades y deterioro de los elementos vegetales de la ciudad, que podría incluso incrementarse ya que varios de los incumplimientos se consideran de carácter grave o muy grave. Lo que está constatado, por el análisis técnico de las consecuencias de esta mala gestión, son los efectos negativos en la vegetación por poco o nulo cuidado, incluso por negligencias. Un claro ejemplo son los árboles que Urbaser tenía que haber repuesto según especificaba el contrato. En un informe inicial al comienzo del periodo de vigencia de la contrata, elaborado por la propia empresa, se contabilizaron 126 árboles que había que repone, una cifra que se incrementó hasta los 591 al final de la licitación, a los que habría que sumar «un total de 465 árboles que han muerto», refleja claramente el informe.

En distintos análisis del arbolado sobre el terreno, se llegó a comprobar que «muchos de los árboles existentes están dañados en su cuello de la raíz por mala ejecución del desbroce», sin que se les haya incluido dentro del cálculo final de la valoración que sirve de base para concretar el coste de la penalización.

La lista de zonas en las que faltan ejemplares de árboles, porque no se han plantado durante ese contrato o porque se han ido muriendo durante esos tres años, es larga. Entre los sectores más afectados por esta mala gestión de las zonas verdes en la capital ribereña destaca el barrio de La Estación y el Polígono Residencial, ambos al sur de la ciudad, junto con el parque General Gutiérrez. Allí se han llegado a contabilizar 113 árboles que falta en La Estación, 60 en el Polígono y 46 en el interior del parque urbano. También destacan los 43 ejemplares que faltan en la zona de Allendeduero, diez de ellos en el paseo del Sol, los mismos que faltarían en la calle San Gregorio o los Jardines de don Diego, ya en la zona centro. La zona de Santa Catalina tampoco se libra de esta pérdida de masa arbórea, con un goteo de falta de ejemplares en calles como Pedro Sanz Abad, Los Prados, Diego Avellaneda, Santiago o Las Palomas, hasta llegar al parque de La Huerta donde el informe contabiliza 32 árboles que faltan. Otros parques que sufrieron pérdida de masa verde durante los tres años que duró este contrato fueron el de la Virgen de las Viñas, que adolecía de carencia de hasta 15 ejemplares, o el de San Antón, al que le restaron 10 árboles en ese tiempo.

Sin tener que mirar hacia las copas de hojas y ramas, las zonas de césped y de seto también se vieron muy afectadas durante el último tramo de gestión de los parques y jardines de Aranda por parte de Urbaser. «Las zonas arbustivas existentes no han tenido ningún tipo de mantenimiento», asegura tajante el informe, especificando que «no se han hecho recortes y no se ha replantado en las zonas que se han ido secando», además de no reponer los setos que faltaban ya en agosto de 2018. En cuanto al césped, los técnicos municipales especifican que en esa fecha había 5.200 metros cuadrados dañados, que aumentaron hasta los 23.350 al término del contrato, por lo que había que reponer 18.150 metros cuadrados de césped.

En el plano más administrativo, la empresa ofertó una mejora técnica que consistía en actualizar la cartografía de zonas verdes, elementos vegetales y mobiliario, incluyéndolo todo en un inventario que iba a entregar en un plazo máximo de 90 días, además de implementar un programa para la gestión de toda esa información. Nada de eso se hizo, «incumpliendo así casi la totalidad de su oferta, ya que toda ella se basaba en la gestión del contrato a través del software», asegura el informe técnico.

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