En el marco del planteo que vienen haciendo los intendentes radicales, el gobierno de Jure hizo un estudio. Concluye que Córdoba le retiene fondos que deberían llegar a la ciudad. Habrá una reunión
El jueves, el radical Ramón Mestre, intendente de Córdoba, pasó del simple reclamo público a una queja formal. Remitió una nota al Centro Cívico en la que le exigió a la Provincia que le deposite 76,2 millones de pesos del Fondo Educativo que envía el gobierno nacional pero que hasta ahora no se ha coparticipado. El paso que dio Mestre es la antesala a un planteo judicial. Después de esa notificación, desde el gobierno de José Manuel de la Sota señalaron que le harán una oferta al intendente radical para evitar el conflicto.
Río Cuarto se dispone a hacer el mismo reclamo, aunque todavía ni se menciona la posibilidad de llegar a la Justicia. Sólo sería un planteo administrativo. Incluso, para la semana próxima está previsto un encuentro entre el intendente Juan Jure y el jefe de Gabinete, Oscar González.
En la Secretaría de Economía han apuntado número por número, impuesto por impuesto. Algunos son tributos nacionales que deberían ingresar en la masa coparticipable y otros son fondos específicos creados por la Provincia pero que no llegan a los pueblos y ciudades.
El principal rubro en los impuestos federales es el Remanente del Impuesto a las Ganancias, por el que la Provincia recibe 2.245 millones; de ese total, entre enero y septiembre, a Río Cuarto le habrían correspondido 15,1 millones de pesos.
En Bienes Personales, la ciudad debió recibir, siempre según el estudio que circula en el Palacio de Mójica, 3,5 millones hasta septiembre; el impuesto a los combustibles tuvo que reportar otros 2,8 millones de pesos; mientras que 1.350.000 pesos tuvieron que llegar en concepto de IVA. Por el monotributo, Río Cuarto resignó 700 mil pesos en 9 meses. Es decir, por impuestos nacionales el gobierno de Jure reclamará 23,5 millones de pesos.
Otro fondo federal que debería coparticiparse pero que se queda en la gobernación es el que corresponde a la Ley de Educación, el mismo por el que está batallando Córdoba capital. La legislación dice que debe girarse a los municipios pero en los hechos eso no ocurre y Río Cuarto se perdió, sólo en 2013, 9,1 millones de pesos.
Pero, además, desde hace años los intendentes radicales vienen poniendo el grito en el cielo por fondos específicos que crea la gobernación, que implican más recursos para la Provincia pero no para los municipios. El Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo le reportó, hasta septiembre, 460 millones a la gobernación, de los cuales debieron llegar 3,1 millones a Río Cuarto; otros 2,5 debieron depositarse por el Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos.
En los ‘90, cuando Ramón Mestre era gobernador, la Provincia decidió descentralizar la atención primaria de la salud; de ahí que Río Cuarto tenga a su cargo los dispensarios. Esa transferencia implicó para Córdoba la obligación de derivar también los recursos necesarios para prestar el servicio. Es lo que se conoce como el Fofindes.
En el Municipio sostienen que el gobierno de De la Sota está manejando discrecionalmente y con criterios no demasiado claros las alícuotas del Fofindes. Si se aplicaran los criterios históricos en el reparto de ese fondo, la ciudad tendría que haber recibido 17,9 millones de pesos en 2013; sin embargo, a sus cuentas sólo ingresaron 9,8 millones, una diferencia de algo más de 8 millones de pesos.
Son, en total, más de 46 millones de pesos; en el Palacio sacan cuentas y comparan: con esos fondos podrían construirse 232 viviendas en el marco del plan para clase media que se puso en marcha este año.



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