Los jóvenes funcionarios designados por el gobernador Beder Herrera mantienen con firmeza la depuración de ñoquis en la planta de empleados del estado. Tal como se escucha en los pasillos de Casa de Gobierno, esta vez la cosa parece venir en serio ya que serían numerosos los casos concretos que sirven de ejemplo para ello.

Estamos hablando del ministro de Gobierno, Felipe Álvarez, y del titular de la Secretaría de la Gobernación, Juan Luna Corzo, quienes en el breve lapso de sus gestiones (no mas de seis meses) enarbolan banderas de renovación y transparencia que repercutan en una administración más eficiente.

Fuentes de la Casa de las Tejas informaron a Riojavirtual que “en estas dos carteras, trabajando en forma conjunta, se detectaron al menos 80 becas laborales que habían sido adjudicadas a personas que no cumplían con sus prestaciones de trabajo, lo que llevo a la baja de las mismas”.

También circuló que se rescindieron al menos 30 contratos de locación de servicios de personas que tampoco prestaban servicios efectivos, muchos de ellos en abierta flagrancia para con sus obligaciones con la administración pública.

Por último, se informó a nuestro medio que se produjo algo inédito en nuestra Provincia, la renuncia de una docena de trabajadores de planta permanente, quienes al no reintegrarse a sus tareas luego de dos intimaciones en cada caso, se les iniciaron sumarios administrativos.

Ninguno de estos sumarios llegó a concluir con el acto de cesantía por justa causa porque las personas involucradas dieron un paso al costado, para evitar las graves sanciones administrativas. Entre éstos se habían detectado casos de individuos que hace años vivían en otras provincias sin cumplir sus obligaciones laborales.

Estos son esfuerzos encomiables que responden a un reclamo social de transparencia y honestidad en la cosa pública de larga data. Es así como los últimos funcionarios designados en el gobierno provincial esperan cubrir las expectativas que sus designaciones generaron en amplios sectores de la sociedad, buscando implementar formas renovadas del manejo de la cosa pública, algo que el gobernador les exigiría diariamente en el ejercicio de sus funciones.