Uno de los impulsores del proyecto de la reforma del Código Penal Argentino, que encuentra en ese camino adherentes y detractores con prolongados debates en los ámbitos políticos, llegó a la capital chaqueña para clausurar las jornadas Contra la Violencia Institucional que se recordó ayer, tal lo establece la ley 26.811.

En Resistencia las actividades se iniciaron el día 25 de abril en la Facultad de Humanidades, donde participaron Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, y los diputados nacionales Leo Grosso y Remo Carlotto.

Anoche asistieron a la sede ubicada en Santa y Mitre representantes judiciales, miembros de defensa de los derechos humanos, dirigentes de movimientos sociales, abogados, estudiantes y organizaciones juveniles que luchan por la eliminación de la violencia.

Para Zaffaroni, “en ningún país existe grado de violencia y frecuencia delictiva cero, aunque siempre hay que trabajar para bajarla”, y aseguró que, “comparativamente, en la región nuestro índice de violencia es bajo”.

Explicó que “el índice de homicidio que es el único dato cierto de violencia que es cifra dura y según relevamiento hecho en la zona más problemática y conflictiva que es nuestro conurbano bonaerense, llega a 7,5 por ciento, mientras que en Brasil el índice de homicidio promedio alcanza el 27 por ciento”.

De esta forma, prosiguió el integrante de la Corte Suprema, “los índice (de violencia) más bajos se localizan en Uruguay, Chile y Argentina”, dentro de Sudamérica.

“En cuanto a frecuencia de los hechos contra la propiedad, si suben o bajan no lo sabemos, porque depende de la denuncia de la industria del seguro, de la predisposición que tenga la gente en denunciar y de la voluntad que tenga el público con la policía y eso no lo sabemos, aunque hay métodos para investigarlo”, admitió ante NORTE el juez Zaffaroni.

En otro tramo dijo que “pareciera que hay homicidios” divididos en categorías, siempre refiriéndose al violento conurbano, el principal distrito argentino: “Hemos detectado homicidios no investigados, pareciera que hay ciudadanos de primera, segunda o tercera categorías”, para cuestionar la ineficacia policial. Recordó que después de la dictadura, si bien no se registraron desapariciones forzadas con complicidad del estado, hubo mil ejecuciones entre los años 84, 85 y 86 que no han tenido responsables.