El secretario de Gobierno Alejandro Vicente y el subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, fueron los representantes del Ejecutivo municipal en la audiencia conciliatoria ordenada por la jueza Civil y Comercial Patricia Gunsberg, que pasó a un cuarto intermedio para el 9 de agosto próximo.

A la salida de la reunión, Vicente insistió con que el amparo “no es la vía idónea ni el mejor camino” para plantear críticas sobre los programas educativos y culturales que lleva adelante el municipio.

“Es el municipio el que debe decidir acerca de los programas culturales y los Peba”, dijo el secretario de Gobierno, quien remarcó que “se acreditó en la contestación de la demanda los programas que se están ejecutando”.

Consultado acerca de las cifras acerca de los recortes que difundieron los amparistas (70% en Cultura y 50% en Peba), Vicente sostuvo que “se redireccionaron los programas culturales y los Peba”.

“Es una política que lleva adelante el Ejecutivo porque es privativo del ejecutivo, no pueden ser impuestos desde afuera”, insistió.

Más allá de esta postura, el funcionario dijo que “por supuesto” que se puede modificar, pero dejó en claro que la palabra final sobre estas políticas las tiene el gobierno que conduce Carlos Arroyo.

“El diálogo lo vamos a tener, no queremos cortocircuitos ni mucho menos”, dijo, pero volvió sobre la cuestión original: “Llegar a un Juzgado Civil y Comercial para discutir estas cosas es el camino equivocado”.