"Después de haber analizado la presentación del Fiscal de Investigaciones se ve que a todas luces que es injusto, porque no ha tenido ningún tipo de pruebas, más que la información que se le había remitido oportunamente. Es difícil de entender, ya que él sabía que había un trámite paralelo similar en la Cámara de Diputados, con la misma información. Inclusive, la última nota que remitió el señor Gobernador a la Cámara de Diputados, donde invita a conformar una comisión nuevamente, reitera la necesidad de conformar una Comisión legislativa y ejecutiva a los efectos de buscarle una solución técnica, legal y económica al Megaestadio para poder terminarlo", expresó.

Varela dijo que no se entiende que el fiscal inicie el proceso político, ya que el órgano de control es el Legislativo sobre el Ejecutivo. "Es una medida que no se entiende, jurídicamente, los abogados dicen que es bastante descabellada. No ha entendido la complejidad de la obra y él ha sido invitado por parte del Gobernador a ser parte de una comisión. Obviamente y por sentido común, tiene que entender de la complejidad de la obra y que ameritaba alguna solución especial", agregó.

"Podemos considerar –continuó - que yo asumí un año después que la obra estaba paralizada; que hay un dictamen de la asesora letrada del Gobernador y que dice que cualquier ampliación de obra necesita una Ley y el último plazo había sido otorgado de ese modo", dijo el funcionario provincial.

Y recordó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo donde se solicitaba un adicional por el apuntalamiento. "Entendiendo que el compromiso de la empresa que oportunamente había tomado, ya lo había consentido al hacer una estructura de 900 toneladas, cuando se le va a pagar una de 120 toneladas. Al no estar el pliego y no especificar semejante estructura, no había tenido en cuenta el monto del montaje", sostuvo.

"Si yo hubiera hecho lo que el fiscal entiende que debería haber hecho, ahí sí hubiera incumplido los deberes de funcionario público, porque para ampliar un plazo necesitaba una ley y, a su vez, no estaba aprobado por la Cámara de Diputados el apuntalamiento que nos diera la posibilidad de pagar un adicional", explicó y remarcó que si se rescindiera el contrato con Inarco, "está toda la posibilidad de un perjuicio económico importante para la provincia de La Pampa, en función de todos los antecedentes que tiene que ver con la técnica. Al no tener la empresa un proyecto ejecutivo al momento de cotizar, no tenía todos los elementos como para cotizarla realmente bien".

Acerca de la Sala Acusadora, opinó: "han pedido varios testimonios importantes, sobre todo teniendo en cuenta que se llamó a declarar a personas que estuvieron desde el principio de la obra. También me parece bien que uno de los diputados haya llamado a declarar a la arquitecta Kuntz a quien teóricamente se la había contratado para hacer una adecuación de un proyecto de 7000 m2, se le pagaron 14.000 pesos y después se licitó en función de ese proyecto, donde básicamente cuando el TdC interviene para aprobar la contratación pregunta cuál era el monto de la obra y se le contesta que era de 7.000m2 y un presupuesto de 11 millones y al poquito tiempo se licita con ese proyecto y el presupuesto fue de más de 20 millones y 24.000 m2. Creo que ahí está el meollo de la cuestión y por eso me parece bien que se la haya llamado a la arquitecta".

Varela dijo que lo importante es poder terminar la obra y se volvió a mostrar conforme con el trabajo de la Sala Acusadora porque "ya han convocado a quienes han tenido participación" y también consideró que se tiene que convocar a quienes asesoraron legalmente.