El exministro de Obras Públicas marinista Raúl “Tuti” Rodríguez es uno de los testigos que tendrán que declarar en el marco del juicio que comenzará el próximo 5 de agosto y que pondrá la lupa sobre parte de las “coimas” que se pagaron en el marco de la obra del Acueducto del Río Colorado.

Otro de los testigos convocados a ese debate, en el que los acusados son Enrique Romero Oneto y Carlos Oppezzo -exfiscal de Investigaciones Administrativas y exjefe de inspectores del Acueducto- es Raúl Crespillo, otro exfuncionario del área de Obras Públicas durante el marinismo.

El debate será los días 5 y 6 de agosto. Otros testigos serán Roberto Ángel Ambrosino, la exdiputada nacional Cristina Regazzoli y los denunciantes Omar Lara y Ricardo Caso.

Romero Oneto, antes de ser fiscal de Investigaciones, formaba parte de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado y debía controlar al jefe de inspectores, el ingeniero Oppezzo. Se comprobó que este último le entregó durante cinco años al menos 59 cheques por 86.000 pesos.

El juicio se desarrollará en la Cámara del Crimen Nº 1 de la Ciudad Judicial, acusados por el delito de cohecho pasivo y activo, en forma continuada, durante la construcción del primer tramo del Acueducto del Río Colorado.

La defensa de Romero Oneto la ejerce el abogado Francisco Marull y la de Oppezzo, Mariano Alberto Alomar. El tribunal lo integran los jueces Elvira Rosetti, Alejandra Ongaro y Miguel Ángel Gavazza. Y el fiscal del debate será Jorge Marcelo Amado.

Romero Oneto y el ingeniero Oppezzo habían sido procesados por el juez Daniel Sáez Zamora por el delito de “coima” en noviembre de 2011 y en marzo del año siguiente esa resolución fue confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal, en un fallo de la jueza Verónica Fantini.

El artículo 256 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

Oppezzo era jefe de inspectores de la obra del acueducto. Está acusado de haberle pagado coimas a Romero Oneto, asesor de la COTARC y quien autorizaba el desembolso del dinero del Estado provincial por los honorarios del inspector Oppezzo, de acuerdo con el avance de las obras.

Romero Oneto debía controlar a Oppezzo en la obra. Entre 1998 y 2003, Oppezzo le entregó a Romero Oneto al menos 59 cheques de 86.000 pesos. La investigación judicial estableció que Romero Oneto favoreció a Oppezzo en algunos trámites y descartó, como argumentaron los imputados, que el pago de los cheques obedeciera a un asesoramiento profesional.

La causa se inició en 2006, a partir de una denuncia de los gremialistas Lara y Caso. El entonces juez Carlos Jorge había establecido la falta de mérito porque consideró que hubo una contraprestación por asesoramiento profesional. La misma resolución fue ratificada en 2007 por la Cámara en lo Criminal de General Pico.

Sin embargo, nunca se dictó el sobreseimiento y años más tarde la causa se reflotó y Sáez Zamora dictó finalmente los procesamientos. Romero Oneto renunció cuando un juicio político estaba a punto de destituirlo el 25 de septiembre de 2007.

El Acueducto del Río Colorado comenzó a construirse durante el gobierno de Rubén Marín, en 1998. Luego de graves irregularidades, el Gobierno se vio obligado a rescindir el contrato a la empresa de Américo Gualtieri. En 2001 se hizo cargo la UTE Techint Skanska, que la finalizó en 2005.

La sombra de la corrupción sobrevoló siempre la obra del Acueducto. Se abrió otra causa en la que se investigó el pago de presuntas coimas a funcionarios provinciales por parte de Skanska, a partir de una escucha judicial en una investigación por la adjudicación de una obra de gas nacional. Esa denuncia fue desestimada en la Justicia provincial.