Tras la salida de Vale, piden reglas claras para inversores

Tras la salida de Vale, piden reglas claras para inversores
El planteo lo realizaron senadores y diputados nacionales de la oposición en una reunión con el gobernador Francisco Pérez. Las posturas de los funcionarios y legisladores.
El gobernador Francisco Pérez se reunió ayer con legisladores nacionales de todos los partidos para compartir información y formar una agenda de trabajo en torno al conflicto con la minera Vale.

Durante el encuentro, se evidenció la diferencia de opiniones que existen sobre los motivos que provocaron la retirada de la empresa brasileña. Desde la oposición plantean que los problemas macroeconómicos fueron determinantes, en tanto que el oficialismo atribuye toda la responsabilidad a la minera multinacional.

Una vez finalizada la reunión en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, diputados y senadores destacaron como punto positivo la creación de la agenda de trabajo, pero no cedieron posturas en torno a los causantes del conflicto.

En su análisis, el diputado del Partido Demócrata, Omar De Marchi, reconoció que hay responsabilidad de la empresa, pero también señaló que "con un 30% de inflación, con inseguridad jurídica importante y un mercado monetario complejo, es difícil atraer inversiones".

Además, criticó al gobernador Pérez por su postura inamovible respecto a que el problema se centra únicamente en las dificultades internas de Vale. "Yo creo que lo hace más por vinculación con el Gobierno Nacional que por que realmente lo crea", apuntó.

"No se puede no comprender que hay un contexto inflacionario y un mercado cambiario sin rumbo en la Argentina", agregó el legislador.

También el diputado del Frente Peronista, Enrique Thomas, opinó que se negocia en un contexto de "condiciones económicas claramente desfavorables, con estadísticas poco confiables, cepo cambiario y personas como Guillermo Moreno que cambian las reglas de juego todos los días".

Por su parte, la senadora Laura Montero (Unión Cívica Radical), aceptó parcialmente la postura del Gobierno de Mendoza. "Es verdad que hay problemas a nivel de empresa. Cayó el precio del hierro un 25% el año pasado y Vale perdió un 60% de rentabilidad en el 2012", comentó.

Sin embargo, también observó que "desde julio del año pasado se viene escuchando que el desfasaje inflacionario ha aumentado los costos de la construcción en un 55%, al igual que la mano de obra".

Otra incidencia macroeconómica sobre la que hizo mención la senadora, fue el problema del desdoblamiento cambiario. "Vale tiene que ingresar sus divisas al valor del dólar oficial y luego pagar al costo del paralelo. A esto se suman las trabas a las importaciones y a la liquidación de divisas", añadió.

Piden estadísticas confiables

Los legisladores opositores reconocieron que los problemas macroeconómicos están fuera del alcance del Gobierno de Mendoza, pero advirtieron que el gobernador Francisco Pérez puede mejorar la atracción de inversiones en la provincia si brinda estadísticas claras. "No hay una medición oficial de la inflación, lo que lleva a discusiones subjetivas. Yo le dije al gobernador que tiene que recuperar el IPC en Mendoza. Sin un número concreto no se puede negociar", explicó Montero.

Coincidió en esta lectura Omar De Marchi. El diputado recordó que hace seis meses el Partido Demócrata planteó un proyecto para crear un instituto de mediciones objetivo y profesional en Mendoza. "Si no hay números confiables, no hay inversión. Cualquier interesado en invertir lo primero que hace es pedir los números", justificó.

Gestiones por pago a proveedores

Si bien el Gobierno se comprometió a apurar el pago de la deuda que Vale mantiene con las empresas contratistas y subcontratistas, por el momento no hay novedades con esa gestión.

Según se había dado a conocer, la intención es pactar antes del miércoles una reunión entre funcionarios provinciales y gerentes de la minera.

No obstante, Marcos Zandomeni, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Mendoza, declaró ayer que "aun no hay lugar ni momento definido para el encuentro".

El gobierno gestiona el cobro de $ 340 millones, pero la empresa brasileña debe unos $ 712 millones a los proveedores.

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