Tarde y mal

Por Trivia Demir

Para algunos, los Magos llegaron, pero con escasas ofrendas y apenas lo básico para intentar restituir la salud, que no siempre es lo mismo que curar la enfermedad. Y aunque fue un paquetazo esperado, una gran mayoría ya se topó con la sorpresita de tener que abonar nuevos valores en una serie de necesidades de urgencia, aunque la noticia que lanzó la semana pasada la Secretaria de Gobierno de Salud, a través de la Resolución 933, confirmó que las empresas de medicina privada –prepagas- podrán aumentar un 5 % las cuotas de sus afiliados recién a partir del 1 de febrero.

La decisión se tomó después de que la Superintendencia de Servicios de Salud “evaluó la caracterización del sector de las Empresas de Medicina Prepagas y revisó el incremento de costos del sector”. Y de acuerdo a la explicación oficial, este aumento cierra el ciclo de ajustes de las cuotas de 2018 que, para este sector, se aplica de marzo a febrero del año siguiente. Y que acumulará -con cinco subas en el período- un incremento interanual del 42,2 %. Los aumentos fueron 7,5 % desde junio, otro 7,5 % a partir de agosto, 8 % desde octubre, 8,5 % en diciembre y 5 % desde febrero próximo.

Aunque, los salarios y los ingresos de los trabajadores independientes aumentaron menos que las cuotas de las prepagas -entre 10 y 15 puntos menos-. En consecuencia, por esta mayor incidencia de la cuota en los ingresos reales de la gente, muchos afiliados se pasan a planes más económicos o básicos y son menos los que adhieren a la medicina prepaga.

Pero, a la vez, desde las entidades que dan servicios crecen las advertencias respecto del mayor ritmo de incremento de los costos, que en los últimos meses se vieron especialmente afectados, entre otras cuestiones, por un aumento del dólar que al día de hoy es de 100% y que por momentos fue mayor, si la comparación se establece con el inicio del año.

Ilusiones y realidades

La de los números implicados en las cuotas no es la única tensión en el sector privado de la salud. Qué deben cubrir las entidades con su recaudación es un tema que está muchas veces en el eje de los debates. Se trata de una actividad que aun en una sociedad con inflación cero tendría costos en alza, por factores como el desarrollo de nuevas tecnologías y medicamentos, la mejora de la expectativa de vida y la incorporación de coberturas obligatorias.

“La identificación de los problemas de la actividad depende de la perspectiva usada -analiza Jorge Insúa, profesor del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Gestión y Economía de la Salud de la Universidad Austral-. Se debe distinguir entre la perspectiva social, la del financiador, la de los prestadores y la del paciente y sus familias”. Y describe uno de los conflictos que con frecuencia se debaten en ámbitos administrativos y judiciales: “Desde el punto de vista del uso de servicios y de sus costos, las perspectivas difieren diametralmente: por ejemplo, el paciente quiere más utilización y menos restricciones y el financiador quiere más restricciones y menos utilización”.

¿Cómo compatibilizar intereses o cómo administrar las tensiones con un Gobierno que arbitre y que defina claramente la función del sector privado (financiadores -prepagas- y prestadores -clínicas y centros de atención-), sin dejar de asumir su rol de garante último del acceso a los servicios sanitarios?, es todo un dilema. Analistas y directivos del sector consideran que hay políticas posibles que ayudarían al equilibrio en las cuentas y colaborarían a la eficiencia del gasto.

La emergencia de la emergencia

Algunas de esas medidas se impulsan desde despachos oficiales, aunque en los últimos años no se concretaron políticas para la actividad que tendieran a solucionar, por ejemplo, situaciones como la de la “emergencia sanitaria”, que desde 2002 les permite a las clínicas no pagar impuestos y no ser por ello embargadas por la AFIP (son obligaciones que, en algún momento, deberán saldarse). “Entre diciembre de 2017 y septiembre pasado los insumos médicos aumentaron entre 60% y 100% por la devaluación”, dice Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), quien sostiene que los problemas de la actividad “se eternizan” y nunca se ponen en la agenda de prioridades. Tras proyectar una corrección de las paritarias para que la variación de los salarios se acerque a la inflación, y tras agregar otros efectos de la suba del dólar, un informe de Adecra+Cedim (la segunda entidad reúne a prestadores de prácticas de diagnóstico) estima un alza de costos del 67% entre enero de 2018 y febrero de 2019. “Entre agosto y octubre una canasta de medicamentos frecuentes aumentó 19% y los descartables, 30%”, agrega Jorge Piva, presidente de Medifé, a partir de datos propios.

En este segundo mes del año próximo se aplicará el último tramo ya acordado de aumento salarial en la actividad y, además, se activará la cláusula de revisión, para que las partes renegocien a partir de lo que resulte de comparar el nivel pactado de recomposición (27,5%) y la inflación de 2018. Esto vale para el convenio de la sanidad (enfermeros) y para el de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP). “Vamos a pedir recomponer lo perdido; que por lo menos el aumento llegue a 45%”, afirma Héctor Garín, secretario general de la AMAP. Los salarios tienen alta participación en las erogaciones del sector prestador (las remuneraciones y sus cargas son alrededor de 60%/65% del total) pero, a la vez, son el componente que menos suba tendría, según la estimación citada. El mayor encarecimiento esperado está en las inversiones (130% en 14 meses) y en insumos para imágenes (121%) y descartables (117%). Solo para el tercer trimestre del año, Adecra calculó la suba de costos de insumos médicos en 33% y el alza total de costos, en 16,5%. “Entre agosto y octubre una canasta de medicamentos frecuentes aumentó 19% y los descartables, 30%”, agrega Jorge Piva, presidente de Medifé, a partir de datos propios. Junto con la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) y el Consejo de Entidades de Salud (Conaes), Adecra y Cedim mandaron una carta a funcionarios del gobierno en la que indican que los prestadores privados atienden a “no menos del 60%” de los pacientes del país. “La modificación de las variables económicas de los últimos meses y la pasividad del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales frente al brutal impacto de la crisis han colocado al sector en una situación imprevista de tal magnitud y gravedad que provoca serias dudas sobre el principio de “empresa en marcha'”, dice la nota.

Problemas y políticas

Las clínicas sostienen que los aranceles que cobran no suben en la misma proporción en que ven incrementada su recaudación las prepagas (que en muchos casos son prestadoras, además de financiadoras). Y advierten que las facturas se cobran en muchos casos hasta 90 días después de dar el servicio, algo no menor en tiempos de alta inflación y elevadas tasas de interés.

Prestadores y financiadores tienen, en cada caso, sus problemas específicos, según describe Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), que nuclea a las entidades sin fines de lucro. Además del desfase entre el momento del servicio y el del cobro, en la lista de desafíos de los prestadores Magonza incluye demoras y hasta rupturas en la cadena de pagos, costos por judicialización indebida (mala praxis, en casos en que se entiende que no corresponde), reclamos laborales de profesionales que se desempeñaron con contratos independientes y una alta carga impositiva.

Por su parte, los financiadores están afectados, según el directivo, por la obligación de dar coberturas integrales (sin poder vender planes de servicios parciales) y de recibir (tal como establece la ley) a pacientes con patologías preexistentes.

Lo que viene

¿Cuáles son las políticas de las que se habla en la actividad? Una propuesta es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), como voz autorizada para analizar y decidir qué tratamientos deben incluirse y cuáles no en la cobertura. La iniciativa, que se trataría en el Congreso este año, despierta expectativas, sobre todo por los casos que se judicializan. Como el trámite legislativo está demorado, desde el año pasado se creó por resolución la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Conetec), con la función de dar recomendaciones que no serán vinculantes. Con la Agnet creada por ley, los dictámenes sobre qué coberturas dar o no dar a los pacientes sí serían vinculantes y eso abarcaría a todos los actores del sistema sanitario: hospitales públicos, obras sociales, PAMI y prepagas.

Según expertos, en la Argentina no está medido el problema del gasto “basura”, que ocurre también en otros países y que, principalmente, tiene a su entender seis causas: prestaciones innecesarias; servicios ineficientes; precios desmedidos; costos administrativos excesivos; fraude y corrupción, y falta de prevención. En el factor precios en particular, el Estado hoy actúa con la compra conjunta de medicamentos. En noviembre se concretó una adquisición de 25 drogas oncológicas, con participación de la Secretaría de Salud, el PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad, y las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de la ciudad de Buenos Aires. Según el Gobierno, el costo fue inferior en un 50% al presupuesto original. En esa estrategia, por ahora, no está el sector privado.

Según datos de la Secretaría de Salud, en el sistema público se atienden unos 16 millones de personas; en la seguridad social (que en parte contrata al sector prestador privado), unos 26 millones (14 millones y 7 millones en las obras sociales sindicales y provinciales, en cada caso, y 5 millones en el PAMI). En las prepagas hay 4 millones de afiliados vía seguridad social (cubren al menos parte de la cuota con aportes salariales) y 2 millones con contratos voluntarios. Temas sobre los que hay que debatir la política que viene, no?

Fuentes: NA, LN, C, MSAL, propias

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