Tajantes

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Rechazo a los escraches | Tras el repudio público a la sentencia del Tribunal 1 en el caso de la muerte de Lucía Pérez, varios sectores de la justicia reclaman reencausar las protestas y volver al sistema recursivo institucional. El mismo tribunal acaba de condenar a 20 años de cárcel al violador de una menor.

Como se hizo público oportunamente, un extenso documento de más de 70 páginas firmado por los jueces del Tribunal en lo Criminal 1 —Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso—, desmantelaba por completo la irresponsable hipótesis que había instalado la fiscal Isabel Sánchez. Según ella, la joven Lucía Pérez habría sido violada por más de dos personas, y habría muerto tras un sufrimiento inhumano.

Se supo de su falsedad cuando el daño ya estaba hecho, porque esos padres no podrán nunca más retirar de sus mentes la imagen instalada por la funcionaria judicial. En este contexto, los magistrados resolvieron condenar a Juan Pablo Offidani y Matías Farías, por el delito de venta de estupefacientes en cercanías de un edificio escolar, a la pena de 8 años de prisión, ya que establecieron que no había pruebas del abuso sexual, y que la adolescente había fallecido por asfixia tóxica. Alejandro Maciel fue absuelto del cargo de cómplice del crimen, en el mismo documento.

Tras esto, y de manera inmediata, muchas organizaciones sociales y colectivos de mujeres alzaron su voz en protesta ante lo que consideraban una injusta sentencia absolutoria, y casi una afrenta contra el género. Los jueces y sus familias fueron víctimas de escraches públicos, y la imagen de la abogada defensora de los condenados se difundió por las redes sociales en busca de una condena social.

En medio de estos hechos, los magistrados locales toman posición para reclamar a la Suprema Corte bonaerense una respuesta institucional ante los ataques padecidos, ya que consideraron que con estas acciones se pone en riesgo la institucionalidad y la independencia del poder judicial.

Los miembros de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires los ataques públicos, ya que consideraron la necesidad de proteger “la independencia e imparcialidad de la judicatura”. En una carta dirigida al doctor Eduardo Julio Pettigiani, los jueces explicaron que distintas organizaciones sociales, entre ellas, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), habían iniciado una campaña de ataques personales a los jueces Viñas, Carnevale y Gómez Urso, tras conocerse la sentencia parcialmente absolutoria. También denunciaron que se habían promovido injustamente la solicitud del jury de enjuiciamiento, así como la revocación del fallo.

Los jueces ponen en palabras lo que es una verdad evidente, y conocida por la misma prensa que se alza en pie de guerra: el sistema judicial prevé una serie de mecanismos recursivos, por los cuales un fallo es sometido a instancias superiores de revisión que puede corregir una sentencia o confirmarla. Como en este caso se trata de un proceso judicial institucional en el cual se han dado las todas las garantías del caso, y todas las partes han estado representadas, sólo resta esperar los caminos de revisión previstos por la justicia misma.

Otro caso

La prensa siempre elige qué es lo que difundirá, a cuáles de los hechos de resonante actualidad le dará el necesario carácter noticioso, y sobre cuáles hará foco, oscureciendo a los demás. La sentencia mencionada ha sido cuestionada y desdibujada hasta el hartazgo en medios que no se han cansado de repetir que tenía cinco hojas, lo cual —desde luego— no es cierto. Han repetido la versión de la fiscal dándola por válida, y han ocultado a sabiendas las pruebas que el tribunal tuvo a su mano para tomar la decisión de no dar por acreditado el abuso sexual.

Pero casi en simultaneidad, el mismo tribunal cuestionado, el que integran Viñas, Carnevale y Gómez Urso, dictaba sentencia en un caso de abuso de menor: una joven —RBM— había denunciado que su padrastro —Hernán Perales—había abusado de ella durante 9 años. El sentenciado había sometido a la pequeña a diversos vejámenes siempre a espaldas de la madre, aprovechando los momentos en los que la mujer se encontraba trabajando o buscando turnos médicos. La joven describió con toda crudeza ante el tribunal cada uno de los actos a los que la había sometido su padrastro, a quien ella consideraba como su padre, desde que tenía 6 años hasta que cumplió los 17.

“Perales esperaba que mamá se fuese para abusar de mí. Un día me dijo que todo esto era un secreto de ambos y que no debía contárselo a nadie y que si contaba tampoco me iban a creer”, dijo la joven, narrando el pacto de silencio que había instalado el violador. Y siguió: “Me dijo que cuando tuviese mi primer novio igual me iba a seguir tocando. Cuando me negaba, me agarraba por la fuerza y lo hacía igual. Un día también le fui a dar un beso para saludarlo, mi mamá también estaba, fue en la cocina, ella dándonos la espalda, y él corrió la cara y me metió la lengua en mi boca”.

Dijo el juez Viñas: “No tengo duda alguna de la existencia de la responsabilidad penal de Perales en los hechos denunciados por la menor RBM, y habiendo ya evaluado y analizado en la cuestión anterior el abundante marco probatorio que acredita tanto la materialidad como su autoría, a los mismos me remito”.

Los magistrados no aceptaron poner en duda la materialidad de los hechos, ni tampoco permitieron que el buen comportamiento del violador actuara como un atenuante, ya que —explicaron— eso sería analizado en otro ámbito que no es el de la sentencia. Tomaron en cuenta la extensión del daño causado, y concurrieron en condenar a Hernán Peralta por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de edad y aprovechado una situación  de convivencia preexistente, a la pena de veinte años de prisión, más accesorias legales y costas.

De esto nadie habló. Nadie puso el foco en decir que este tribunal, acusado de misógino por toda la televisión nacional, no había dudado, sin embargo, en sentenciar a un violador de menor, frente a cuyos crímenes no aceptó ningún atenuante.

La defensa había intentado decir que se trataba de una mentira organizada, que no era posible que tales hechos se llevaran a cabo sin que alguien hubiera escuchado en una casa tan pequeña, con pocos ambientes. El juez respondió que “todo era posible” cuando se trataba de las estrategias utilizadas por un abusador para perpetrar su crimen. Dijo también que el hombre había convertido los sueños puros de una niña en pesadillas imposibles de ser imaginadas.

Otro rechazo

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata también denunció públicamente su profundo repudio a los hechos de violencia y amenazas sufridos por los miembros del Poder Judicial y sus familias. Los hechos mencionados surgieron como consecuencia del dictado de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata en el caso Lucía Pérez.

Un comunicado del mencionado colegio hizo un llamado a que distintos sectores de la población expresaran los disensos de manera pacífica, ya que consideró necesario encauzar los reclamos por las vías institucionales que están a disposición de todos los ciudadanos.

Dijeron los funcionarios: “Las críticas que puedan formularse contra el fallo deben ser canalizadas a través de los mecanismos previstos legalmente que garantizan la posibilidad de plantear las discrepancias para lograr una justa solución a los conflictos sometidos al Poder Judicial”.

También aclararon que la perspectiva de género no les es ajena, y que permanentemente trabajan en la difusión y capacitación de tales cuestiones, así como lo hacen con todos los temas que se relacionan con los derechos humanos.

Quedan ahora los caminos de la justicia: los tribunales superiores, que tienen el deber de analizar el proceso detenidamente en el caso de que la parte querellante decida recurrir el fallo. Ellos tendrán la responsabilidad de determinar técnicamente la corrección de cada una de las medidas tomadas por el tribunal de base. Pero eso sí, el pedido de evaluación del desempeño de la fiscal Sánchez no debe dormir el sueño del estante de la Procuración. La señora pidió licencia en su cargo, y se desempeña en una fiscalía de flagrancia, lo más campante.

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