Con la intención de que la designación de los jueces sustitutos sea más cercana a la de los jueces naturales, los diputados presentes se basaron en lo propuesto por el Colegio de Magistrados, el Poder Judicial, como así también en los proyectos presentados por el diputado Espartaco Marín y el ex diputado y actual vicegobernador, Mariano Fernández.

Los jueces sustitutos se utilizarán en los casos de suspensión, licencia, vacancia u otro impedimento, que exceda el plazo de treinta (30) días. El Superior Tribunal de Justicia en virtud del padrón de magistrados y funcionarios sustitutos vigente y aprobado por la Cámara de Diputados, reemplazará transitoriamente en la función a los titulares de las Cámaras, Jueces, integrantes del Ministerio Público, Secretarios y Prosecretarios de cualquier instancia, con excepción de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General y Jueces de Paz.

Podrán ser designados como magistrados sustitutos, los magistrados retirados o jubilados que conserven el estado judicial, en cargos de igual jerarquía que aquél en el que se retiraron o jubilaron o hasta un grado inferior. También podrán ser designados como Magistrados o Funcionarios sustitutos, los abogados matriculados y del Poder Judicial que reúnan las condiciones establecidas por la Constitución y esta Ley, para el cargo de que se trate.

Los funcionarios judiciales y abogados -dice el proyecto acordado- que aspiren a desempeñarse como sustitutos, deberán rendir un examen a los efectos de poder integrar el padrón con el cual el Superior Tribunal de Justicia deberá cubrir las vacantes producidas. El examen, será tomado por una Comisión Evaluadora que estará integrada por 1 representante del Superior Tribunal de Justicia, 1 representante del Poder Ejecutivo, 2 representantes del Poder Legislativo, 1 por la mayoría y 1 por la primera minoría, y 1 representante del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa.

El padrón de sustitutos se confeccionará por fuero, pudiendo integrar un mismo postulante más de un fuero a criterio de la comisión evaluadora. Para confeccionar el padrón se tendrá en cuenta el orden de mérito que surja de un examen anual que proyectará el Superior Tribunal de Justicia según su reglamentación interna; éste consistirá en una entrevista personal, un examen escrito, cuyo puntaje máximo será de 50 puntos, y el análisis de los antecedentes curriculares, también con un puntaje máximo de 50 puntos, ponderados de conformidad con las pautas de valoración que surgen del Anexo 1 de esta ley.

El examen será de carácter público. Los magistrados retirados y/o jubilados que conserven el estado judicial quedarán exceptuados de rendir dicho examen para integrar la lista. No podrán integrar el padrón de sustitutos quienes se encuentren comprendidos en las causales de exclusión previstas en el artículo 151 de esta Ley. El Superior Tribunal de Justicia enviará anualmente a la Cámara de Diputados para su aprobación, el padrón que contendrá la nómina de aspirantes para ser magistrado o funcionario sustituto. Aprobado dicho padrón, los postulantes allí incluidos se mantendrán por el plazo de 3 años.

Los jueces sustitutos -en caso que sean jubilados- seguirán percibiendo este haber y podrán acceder al 40% de la remuneración del cargo que desempeñan.

El magistrado o funcionario sustituto gozará durante su desempeño como tal, de idénticas garantías, inmunidades y remuneraciones que el titular, las que se liquidarán conforme el régimen vigente al tiempo que desempeñe sus funciones y lo comprenderán las mismas incompatibilidades que aquel.

De sancionar esta reforma, los aspirantes a ser designados como sustitutos deberán inscribirse, presentar sus antecedentes, asistir a un curso de formación y rendir un examen escrito y oral ante el Consejo de la Magistratura, a los efectos de integrar los padrones con los cuales el Poder Ejecutivo Provincial deberá cubrir las vacantes y poder contar con el acuerdo de la Cámara de Diputados.

Con estas medidas pretenderían asegurar la idoneidad de los postulantes al cargo.

La reforma se produce después del escandaloso caso de Sofia Viale. Esa vez la investigación quedó a cargo de Noelia Afonso, una fiscala sustituta que a pesar de los graves errores cometidos en la investigación (al igual que el fiscal general Carlos Salinas) no fue sometida a un jury porque no estaba previsto en la norma.