Las acusaciones que la oposición viene haciendo contra el concejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos, tuvieron un vuelco gravitante con la aparición de un informe de una auditoría contable hecha por el Tribunal de Cuentas, que terminó en una ampliación de la denuncia del FIT, que ahora pide la imputación del jefe comunal, su detención y la de buena parte de su gabinete.

Es un informe que llegó “por debajo de la puerta” a manos del concejal Federico Telera, querellante en la causa iniciada hace ya un año en la Fiscalía de Delitos Complejos que conduce Daniel Carniello, en el cual se detalla una auditoría para el ciclo 2014-15 elaborada por el Tribunal de Cuentas, donde se corroboran irregularidades “por más de $5,5 millones”.

Según el informe, en Guaymallén se hicieron este año contrataciones, a través de licitaciones, de forma ilegal. “Se hicieron con 4 o 5 empresas, entre las que se destacan Da Passano y Freeway”, resaltó Telera, que reconoció que esas empresas trabajan “desde hace muchos años” con el municipio, pero como el dato es de este último año, “se puede pensar en un rojo de decenas de millones de pesos”, del que no hay muchos más detalles.

Uno de los abogados del FIT, Carlos Varela, dijo que junto a Lobos hay varios integrantes de su gabinete involucrados en los actos desleales, que conforman “una verdadera asociación ilícita”.

Entre ellos se menciona al secretario de Obras, Federico Sampieri, uno de los principales apuntados. También aparecen la contadora general de la comuna, Matilde Musotto; el director de Servicios Públicos, Rubén Carrera; el de Espacios Verdes, Carlos González; el de Obras Municipales, Daniel Adobe, y su subdirector, Daniel Magallanes. 

“Son los responsables que nombra la auditoría”, dijo Varela, añadiendo que también aparecen la esposa de Lobos, Claudia Sgró; el secretario de Gobierno, Juan Kohn, y el jefe de Compras, Enrique Giordano, y los empresarios Natalio y Sergio Da Passano, de Freeway.

El abogado explicó que el Tribunal de Cuentas, con ese informe, encarará un “juicio parcial de cuentas”, instancia relacionada con lo administrativo que puede ser llevada a lo penal.  Pero a su entender, eso derivaría el proceso “recién para enero de 2016”, es decir, cuando Lobos y su equipo ya no sean funcionarios. “Por eso pedimos ahora la imputación y detención, para evitar la eliminación de pruebas o que se fuguen”, añadió.

Otro abogado, Lucas Fallet, explicó las faltas que la auditoría develó. “La primera es la ausencia de un comité de preadjudicación”, dijo, en relación a la formación de un cuerpo para transparentar cualquier proceso licitatorio. “Sólo Sampieri era el filtro”, denunció.

También se habla de falsificación de firmas. “Se presentan empresas con nombres de fantasía diversos, en donde firma siempre la misma persona, que es Da Passano”, indicó Fallet, que denunció además “eliminación de comprobantes”, lo que se corrobora en la auditoría “con lo dicho por personas que eliminaron las pruebas”. Finalmente “hubo sobrefacturación”, aseguró.

Más allá de esta ampliación de denuncia, Telera y los abogados se mostraron contrariados con la actitud de Carniello, quien a su entender “ha obstaculizado” la causa. El fiscal reconoció demoras de una investigación “farragosa”, pero señaló que con esta auditoría “se ve algo distinto” y por eso aseguró que “se abrirá una causa nueva”, aunque en principio desestimó la posibilidad de que Lobos y su equipo puedan ser privados de libertad por el momento.

Mientras tanto, Los Andes, que intentó comunicarse con Lobos y sus funcionarios infructuosamente, confirmó que además de esta nueva causa, hay otro pedido de imputación contra el intendente y Sampieri “por fraude y enriquecimiento ilícito”, que los involucra con una empresa constructora y que se suma a las causas en su contra.

 

Todos contra “la cooperativa”

“Sabemos que esta asociación ilícita viene de hace años y en ella están involucrados los partidos principales como el PJ, la UCR y el PD”, resaltó el diputado Héctor Fresina (FIT), que acompañó a Telera en la presentación. Ambos coincidieron en llamar al grupo “la cooperativa de beneficios mutuos de Guaymallén”.

También lo hablaron con el futuro intendente, el radical Marcelino Iglesias. “Él ha dicho estar en contra de la cooperativa”, aseguraron e informaron que han pedido datos antiguos: “Queremos conocer los documentos contables de años anteriores”.

Iglesias, que ha hecho públicas sus denuncias contra Lobos, no sólo coincidió con las imputaciones de Telera, sino que también le pidió premura a Carniello: “El fiscal no ha hecho mucho hasta ahora. Es hora de que la Justicia actúe”.