Un grupo de diputados provinciales se enteró de que sus teléfonos habrían sido pinchados “por una fuente de máxima confianza”, tal explicó uno de los legisladores a La Tecla y realizaron un pedido de informes al Ejecutivo que fue dado a conocer ayer.

Según pudieron averiguar habría unos 67 miembros de la Legislatura que tendrían el teléfono pinchado, aunque no pudieron determinar desde dónde se habrían producido esas pinchaduras que permiten escuchar las conversaciones e inteceptar mails.

Quienes llegaron un poco más allá fueron los diputados del bloque Frente para la Victoria. “Nosotros pudimos averiguar que des nuestro bloque hay cinco teléfonos que habrían sido pinchados”, dijo uno de los presuntos damnificados a este medio. 

"Solicitar al Poder Ejecutivo se sirva a informar a través del organismo competente, sobre las siguientes cuestiones relacionadas con intervención de teléfonos de funcionarios públicos", dice el escrito que lleva la firma de varios legisladores peronistas.

"Si se tiene conocimiento acerca de que rexisten teléfonos intervenidos de legisladores, ex legisladores, intendentes, ex intendentes, otros funcionarios y referentes sociales", agrega, y destaca que "en caso de ser así, informar si dichas intervenciones tienen en su totalidad la orden judicial correspondiente".

Los cinco nombres que les informaron que sufrirían espionaje son el del titular de la bancada, Walter Abarca, y los diputados Andrés Quinteros, Rodolfo Iriart, Alicia Sánchez y Evangelina Ramírez. Todos responden a distintos sectores del PJ.

“Pero hay de todos los bloques”, aseguraron diversas fuentes legislativas a La Tecla; quienes sospechan de una trama de espionaje que incluiría teléfonos pinchados y escuchas ilegales. Incluso, también fueron "pinchados" los teléfonos de las autoridades de ambas cámaras. 

Un total de 67 legisladores, 17 dirigentes sociales, senadores y diputados mandatos cumplido (serían 16), más una veintena de intendentes bonaerenses serían las víctimas de las escuchas.

Se sospecha que las escuchas podrían provenir desde el Ministerio de Seguridad; pero no existe la certeza. Es por ello que se analizan los pasos a seguir, y una de las alternativa es elevar un pedido de informes al Ejecutivo.