A dos meses de la tragedia que enlutó a Villa Soldati tras la muerte de un joven al caerse del balcón, el Gobierno de la Ciudad apeló la medida cautelar que lo obligaba a realizar obras de mantenimiento y mejoras en el complejo habitacional donde ocurrió el episodio.

Ahora, será la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo la que deberá resolver si acepta la apelación. Gustavo Daniel Moreno, titular de la Asesoría Tutelar nº 1 ante la Cámara de Apelaciones, les pidió a los jueces el último jueves que rechacen el pedido de apelación.

“Lo que se intenta resguardar es ni más ni menos la salud y la vida de las personas”, dice su escrito al que accedió Infojus Noticias.

Tras la muerte de Cristian Crespo y las graves heridas sufridas por dos amigos que vivían en el nudo 10, el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 3, Pablo Mántaras ordenó al gobierno porteño a que realice obras de mantenimiento en los edificios 7, 12, 13 y 17 del nudo 9 del Complejo, que depende del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

La medida cautelar a la que hizo lugar el juez había sido presentada por un grupo de vecinos, en la que adjuntaron un informe de la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal y los reportes de un especialista en Seguridad e Higiene y un arquitecto, donde se detallaban las numerosas falencias edilicias del Complejo de Villa Soldati.

Antes de apelar la medida, el gobierno porteño y el Instituto de Vivienda (IVC) recusaron por supuesta “enemistad” a la jueza Patricia López Vergara, que llevaba adelante la causa por la ejecución de las obras

López Vergara, titular del juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, había dispuesto medidas a fin de contar con información sobre el grado de ejecución de las obras ordenadas judicialmente en dos ocasiones.

Por ello, la causa –iniciada a partir de una denuncia de la Asesoría Tutelar, luego de la muerte de Cristián Crespo– quedó en manos de Martín Converset, titular del Juzgado Nº5, hasta tanto la recusación sea resuelta por Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

La causa por las obras inconclusas en el Complejo no son nuevas y los vecinos ya llevan más de una década con el litigio. En 2001, la ley 623 (votada por la Legislatura porteña), había declarado la emergencia edilicia y ambiental del edificio.

En 2009, los habitantes del nudo 10 presentaron un amparo contra el gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), para denunciar un incumplimiento que llevaba años. A raíz de ello, dos años después, el Juzgado ordenó a la gestión de Mauricio Macri efectuar la totalidad de las obras demandadas en cumplimiento de la ley 623.

El gobierno porteño apeló y el año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la sentencia de primera instancia condenando al Ejecutivo y al IVC. Sin embargo, el fallo sigue sin cumplirse.