El Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Eduardo Jimenez y Roberto Atilio Falcone, falló condenando a siete de los/as imputados/as y decretó una absolución en el juicio llevado adelante por el caso “Dulcinea”.

El principal acusado, Jorge Sánchez, entendido por el Tribunal como autor del delito de trata, fue condenado a 7 años de prisión de efectivo cumplimiento; mientras que a su pareja Orfelina Valdez y a su hijo Fernando, se los condenó a 5 años de prisión por estimarlos co-autores del mismo delito.

Las condenas fueron más leves para Ángel Cabral y Carmela Concepción Colas, considerados partícipes secundarios, a los que se les impuso 3 años de prisión en suspenso. El partícipe policial, Claudio Campo, fue condenado a 4 años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y el doble de tiempo de inhabilitación en el ejercicio de su función pública. Por su parte, fue absuelta Rosa Adames Cruceta, acusada de ser partícipe necesaria de la red de tratantes.

Iacovone, funcionario de migraciones, fue condenado a 1 año de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes como funcionario público, siendo absuelto del delito de trata.

Los elementos aportados por las víctimas, y distintos testigos, dan cuenta de que en el Prostíbulo Dulcinea se ejercía la explotación sexual de mujeres, en su mayoría dominicanas, quienes habían sido traídas al país con falsas promesas laborales.

En sus declaraciones, las víctimas de esta red que funcionaba interrelacionada entre la República Dominicana y nuestro país, brindaron detalles del funcionamiento de ésta y de las pésimas condiciones a las cuales fueron sometidas y obligadas a ejercer la prostitución.

Entre los imputados, las mujeres tratadas sindicaron a Jorge Daniel Sanchez, su esposa Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sanchez, - a quienes la totalidad de los testigos señalan de regentear el prostíbulo, y como partícipes necesarios a Ángel Hernández Cabral y Carmela Concepción Colas, quienes trabajaban en el privado. Por otro lado, también refirieron que un funcionario de migraciones, Reinaldo Iacovone era el encargado de regularizar papeles y los DNI de las víctimas de manera fraudulenta.

Como se es común en las redes de trata, una de las patas fundamentales para lograr el resguardo de la actividad ilícita es la complicidad policial. Por este hecho en donde se juzga la explotación de mujeres en el Prostíbulo Dulcinea, se encuentra imputado el policía Claudio Campo, quien no sólo cobraba las coimas, según manifestaron las víctimas, sino que también ejercía violencia psicológica sobre las mismas a los fines de amedrentarlas y evitar su liberación.

Todos los testimonios resultaron coincidentes a la hora de establecer el modus operandi de esta red de tratantes. En tal sentido, la fiscalía interviniente logró determinar que una persona les ofrecía trabajo en República Dominicana, y una vez que llegaban a la ciudad de Mar del Plata, supuestamente a trabajar en una peluquería, en un lugar de venta de productos de belleza, o con el fin de tramitar la visa para viajar a España, los proxenetas las hospedaban y luego con la excusa de que el trabajo no iba a funcionar o que la visa no se conseguía tramitar con inmediatez, Jorge les ofrecía trabajar “mientras tanto” en su negocio, hasta que juntaran el dinero para volver a su país.

“Llegué y nos mostraron una valija con ropa interior que debía ponerme, y otras chicas hacían pases y tragos con los clientes allí”, declaró una de las víctimas. Cabe destacar que constantemente eran amenazadas, y a pesar de que a veces pudieran salir del privado acompañadas de una de las mujeres que trabaja allí, la presión psicológica derivada de las pésimas condiciones de aseo, alimentación, salud y de las amenazas a las cuales siempre estaban sometidas, sumado al desarraigo y a la presencia policial, fueron contundentes para las mujeres quienes refirieron que resultaba muy difícil escapar. “Sentía que el Estado estaba dentro del privado” sentenció una de ellas.

Los condenados:

- Jorge Sánchez: 7 años por liderar la red de trata que captaba, trasladaba y explotaba sexualmente a mujeres dominicanas.

- Orfelina Valdez Montero: 5 años. Es la mujer de Sánchez y propietaria del prostíbulo. Acudía a República Dominicana a captar mujeres.

- Fernando Sánchez: 5 años. Es el hijo de Jorge y estaba a cargo del funcionamiento del prostíbulo.

- Claudio Marcelo Campo: 4 años y 6 meses de prisión. Cómplice del delito de trata. Las víctimas debían pagar 300 pesos cada mes para “la policía”, y Campo visitaba frecuentemente el prostíbulo.

- Carmela Concepción Colas: 3 años en suspenso. Cómplice secundaria, a cargo de la atención de la barra.

- Ángel Hernández Cabral: 3 años en suspenso. Cómplice secundario a cargo de la seguridad en la puerta del prostíbulo.

- Reinaldo Eugenio Iacovone: 1 año de prisión en suspenso por ser cómplice necesario en el delito de petición fraudulenta de beneficio migratorio. Él era el supuesto “empleador” de al menos tres víctimas.

- Rosa Adames Cruceta: fue eximida de pena por haber sido ella misma víctima de trata de personas. Además, se ordenó al Estado asistirla.