Por Horacio Aranda Gamboa

Su nombre adquirió notoriedad de la mano de uno de los emprendimientos comerciales informales más grandes y polémicos del mundo. Denunciado en reiteradas ocasiones por prácticas desleales al ofertar supuestas mercaderías piratas, Jorge Castillo, uno de los principales impulsores del Centro Comercial La Salada, sin embargo no deja de expandir su negocio por diversas regiones del país.

Ahora, desde su cargo de administrador del predio ubicado en inmediaciones del Riachuelo y puente La Noria, Castillo sorprende con una nueva propuesta no menos provocadora, la de brindar capacitación y trabajo remunerado a personas privadas de su libertad.

La iniciativa, que hace ocho años ya había intentado plasmarse en el penal de Florencio Varela, beneficiaría a los internos de los servicios penitenciarios, tanto a nivel nacional como provincial.

“Toda persona tiene derecho a tener un horizonte cuando sale de estar preso”, con lo cual también “se lo ayudaría a que no vuelva a delinquir”, refiere Castillo a BAE al explicar su iniciativa con la cual busca “aportar un granito de arena que ayude a paliar el problema de la inseguridad”, ya que la mayoría de la gente “habla pero nadie hace nada al respecto”.

Su idea es que los presos “manden plata a sus familias y cuando recuperen su libertad puedan trabajar en sus casas y dejar de estar involucrados en el delito”.

En una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández, que aún no ha sido entregada y que será parte de un proyecto global, un grupo de “trabajadores autónomos, microemprendedores, comerciantes e industriales de la indumentaria” que confluyen en el centro comercial ubicado en Ingeniero Budge, a la vera del Riachuelo, y entre los cuales hay “ex presidiarios, familiares de personas detenidas y familias vecinas que viven esa problemática”, manifiesta que “con la buena disposición de las autoridades de los gobiernos nacional y provincial” pueden colaborar “dando instrucción y trabajo remunerado a los presos”.

Los talleristas nucleados en la Asociación Civil de Comerciantes e Industriales Profesionales del Conurbano Sur (ACCIP) sostienen que “enseñar a trabajar, dar trabajo y pagar por ello un salario justo, se traduciría en más salud mental y física, en recursos inmediatos, en dignidad de las personas detenidas y ayudaría en su reinserción futura por la adquisición de un oficio para toda la vida, por lo que por solidaridad y conveniencia proponemos hacer un esfuerzo ordenado y planificado, respetando absolutamente las leyes y los reglamentos carcelarios, para constituir talleres en los institutos penales provinciales o nacionales donde podamos enseñar a trabajar en los quehaceres de la industria del vestido y dar trabajo integrando de esa manera a los presos a la actividad productiva”.

La propuesta apuntaría a brindar talleres a grupos de diez personas, las que serían capacitadas en la confección de moldes, el corte de las prendas y su posterior costura. Una vez adquiridas esas habilidades, los diferentes talleres entregarían las telas o los cortes para su posterior armado, en tanto que por esas actividades prevén que cada recluso podría percibir un jornal de entre $300 a $400 diarios.

Un tema aparte es el referido a la maquinaria necesaria para llevar adelante el emprendimiento. “Ese no es un problema mío porque, o bien la compra nuestra cámara de comercio, o cada uno de los feriantes”, señaló Castillo, que afirma que en la actualidad “el sistema penitenciario gasta arriba de $6.000 por día por preso, y lo que yo propongo es que tal como sucede en Chile, su comida la paguen los empleadores, por lo que la única tarea del servicio penitenciario consistiría en brindar seguridad”, y que tranquilamente “con el dinero restante el Estado también podría adquirir la maquinaria necesaria”.

El empresario agrega que en la actualidad “un feriante trabaja dos o tres horas por día y se queda sin mercadería porque carece de producción, si eso no fuese así trabajaría la jornada completa”, con lo que está claro que “si nos juntamos varios talleristas entonces nosotros mismos podríamos aportarlas”, añade.

Consultado sobre si existen emprendimientos similares en otras regiones del planeta, Castillo afirma que ello sucede en países como los Estados Unidos, España, Finlandia, China y Brasil, pero subraya que es en el vecino país de Chile donde “se ha logrado una muy buena experiencia mixta entre lo público y lo privado”.

Con entusiasmo, este hombre hiperactivo afirma que la feria de La Salada funciona “tres veces a la semana, los lunes y miércoles entre las 12 y las 24 y los domingos entre las 6 y las 12, pero este último día viene casi todo el conurbano, por lo que hemos decidido agregar el sábado para descomprimir un poco, porque ya no se puede ni vender, ni comprar, ni caminar, y hasta resulta casi imposible salir del predio”.

Pese a que confirma el desembarco de ferias similares en provincias como Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero, y muy probablemente en Chaco, su voz denota cierta preocupación al momento de advertir que sin embargo “nos está haciendo falta mano de obra para poder avanzar”, y es en ese momento cuando reflexiona que no importa la condena que pese sobre la persona privada de su libertad, sino que “lo importante es que quiera trabajar y generar dinero para él y su familia”.

Del emprendimiento para la subsistencia al éxito comercial

Cada lunes y miércoles el predio de La Salada, de unas 10 hectáreas, ubicado en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, a tan sólo metros de la Capital Federal, recibe entre 500.000 y 600.000 personas, las que van a dejar una facturación diaria de 300 millones de pesos. Los domingos esa cifra se triplicará, lo que a las claras habla de su éxito comercial.

La feria tuvo su origen en el año 1991, a instancias de un grupo de familias emprendedoras y de bajos recursos, en su mayoría de origen boliviano, las que instalaron sus puestos de venta en terrenos que antiguamente estuvieron destinados a balnearios populares.

Años más tarde, los precarios puestos en los que se vendía todo tipo de productos, comenzaron a ofrecer prendas de vestir confeccionadas por ellos mismos. Su crecimiento exponencial llevó a que varias familias conformaran inicialmente una sociedad anónima denominada Urkupiñaque, que se encargaría de gerenciar la feria, y la que finalmente se dividiría en la Cooperativa Ocean y Punta Mogotes SA, esta última la más importante, que quedó en poder de Jorge Castillo.