El proyecto de ley para declarar la emergencia en seguridad se convirtió este martes en la caja de resonancia de todos los desencuentros políticos del momento en la Legislatura de Mendoza. No sólo entre el PJ y el oficialismo, sino entre los senadores radicales y la vicegobernadora Laura MonteroSi no encontraban una solución conveniente a todos los intereses, el resultado sería la imposibilidad de discutir el proyecto en la sesión de Diputados.Finalmente, hubo "humo blanco" entre oficialismo y oposición.

El peronismo propuso introducir modificaciones en la ley de emergencia en seguridad , que Cambia Mendoza se comprometió a estudiar en el transcurso de esta semana. Esto en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, convinieron darle prioridad al proyecto del defensor del policía.A cambio –y en off– el PJ no presentó los pedidos de informes por los despidos, los suspendió hasta la semana próxima. La que sí presentó informes sobre el tema fue la legisladora Noelia Barbeito (FIT), quien fue acompañada por el PJ, pero no logró el consenso necesario para que se aprobaran.

Emergencia cuestionada

Los cuestionamientos que el PJ le hizo al proyecto de emergencia de Alfredo Cornejose basan en dos artículos.Uno es el artículo 3, que introduce cambios en la estructura policial y se roza con la iniciativa que todavía no ingresa a la Legislatura que será para modificar la ley 6.722 de carrera policial.Y el otro es el artículo 7, que plantea expresamente autorizar al Poder Ejecutivo a usar el crédito disponible por la ley de endeudamiento sancionada el año pasado (8.706). La crítica de la oposición es que no tiene un techo, es decir no aclara una cifra. Por lo pronto, se estudiarán las solicitudes de cambios.En tanto, el jefe de gabinete de Seguridad, Hugo Sánchez, planteó un panorama muy difícil respecto del futuro de las políticas de seguridad públicas si el Ejecutivo no cuenta con la herramienta de la emergencia para tomar decisiones.

Pedidos de informes frustradosEl tema seguridad tiñó toda la discusión política, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, opacando incluso los pedidos de informe por los despidos en la Administración Pública realizados por el PJ que tanto revuelo causaron la semana pasada.

En el Senado, el FIT a través de la senadora Noelia Barbeito presentó tres proyectos con el fin de que se esclarezca la situación de los cesanteados. Uno de ellos tiene que ver con despidos en hospitales públicos. Un segundo proyecto es sobre puestos de trabajo cancelados en la DINAF y el último versa sobre situaciones similares en Cultura.

Si bien fueron votados por el PJ, no pasaron la prueba del Senado.En tanto, el bloque que preside Patricia Fadel tenía en carpeta dos pedidos de informes más sobre cesantías: uno correspondiente a la OSEP y otro por los 80 puestos de trabajo que fueron cesados en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.Además, había solicitudes de información sobre otras problemáticas de la gestión Cornejo.

El acuerdo tácito entre el PJ y Cambia Mendoza fue que mientras el oficialismo estudiaba los cambios en la emergencia, la oposición suspendía los cuestionamientos al Estado. Y así lo hicieron. Los pedidos de informes fueron retirados del orden del día, hasta resolver la problemática de seguridad.La cocina de los desencuentrosEn la Casa de las Leyes se han venido guisando desencuentros en diferentes ollas.

El primero de ellos tiene que ver con los disgustos generados entre el oficialismo y la oposición por los contratos anulados en diferentes áreas de la Administración Pública. Algunos peronistas estaban esperando la oportunidad de cobrarle a Alfredo Cornejo las bajas de la gente que ingresó al Estado durante la gestión anterior y que el actual gobierno se negó a sostener. En el Senado, esta situación repercutió con mayor fuerza porque el PJ ha presentado un cúmulo de pedidos de informes que CM se ha negado sistemáticamente a aprobar. Entonces, uno de los puntos que se debatían ayer en la mañana entre PJ y oficialismo era la aprobación de los pedidos de informes a cambio del quórum para tratar la emergencia en Diputados.

Finalmente, el problema se zanjó como ya fue explicado.

Otro de los conflictos estructurales se ha producido dentro del radicalismo. Puntualmente, entre la vicegobernadora Laura Montero y los senadores. Esto porque Montero reestructuró la parte administrativa del Senado, y muchos asesores –incluso de senadores de su bloque– quedaron afuera. Y esto generó rispideces dentro del mismo radicalismo.

El conflicto amenazó, cerca del mediodía, en hacerse abiertamente público, pero luego de algunas charlas la sangre no llegó al río. De todas maneras, la relación entre Montero y los senadores no es la mejor en estos momentos, según aseguraron fuentes de los diferentes bloques.