Ante las trabas de la crisis económica para el financiamiento internacional del proyecto, la cartera de Guillermo Dietrich decidió licitar cupos de cargas a futuro. Esto es, ofrecer a las empresas lugar en el futuro tren para sus cargas. Estableció la necesidad de garantizar la demanda para cuatro millones de toneladas como mínimo para darle garantías a un potencial inversor de que recuperaría el costo del proyecto con la ejecución futura del negocio.

La licitación de cargas generó más expectativas que reservas concretas. Solo se reservaron 3,3 toneladas de las cuatro que se planteó el Gobierno como meta. Además, la mayor parte fue reservada por empresas en las que tiene alta incidencia el Estado: YPF, controlada por el gobierno nacional, y el puerto de Bahía Blanca, controlado por la gobernación bonaerense.

Las petroleras privadas con operaciones en Vaca Muerta solo demandaron cupos para un cuarto de las cargas mínimas necesarias. Analistas estimaron que, incluso, las reservas que hicieron obedecieron más a no quedarse atrás de YPF que a la convicción respecto de participar de la licitación.