"Se logró un esquema de consenso en el marco de la paz social y que haya acuerdo entre pueblos originarios", valoró la ministra de Desarrollo Social, Marta Soneira, en declaraciones para RADIO CIUDAD, al referirse a las audiencias públicas que se viene desarrollando con las distintas comunidades aborígenes por las tierras en litigio, conocidas como Reserva Grande.

Informó que en la mañana de este jueves, mantuvieron una reunión con el gobernador Jorge Capitanich, autoridades de la Asesoría General y el Instituto de Colonización, en la que diagramaron una agenda de cara a los procesos formales que deberán concretarse finalizadas las consultas que restan con comunidades indígenas y criollas. Y en ese marco, indicó: "Hemos puesto fecha con el gobernador para el 5 de diciembre. Estamos planteando dos etapas en el proceso de normalización: una es la adjudicación a favor de cada una de las comunidades, con los lotes determinados catastralmente y también la reserva para los criollos; y en el mismo decreto el planteo de que en 60 días se haga la mensura de tierra".

"Es una experiencia que nos hace pioneros a nivel nacional. Es un esquema de consulta pública para pueblos originarios que no se ha realizado antes y que está agregada en el expediente judicial para que tenga un marco legal", expresó la ministra.

"Consenso y paz social"

En el marco de realizarse en la jornada de este jueves la última consulta prevista, en esta oportunidad, con la comunidad Toba en General San Martín, la titular de la cartera social provincial, valoró "el consenso de todos los pueblos bajo un planteo de consulta que era muy claro: a nombre de quién quieren titularizar las tierras comprometidas por el Estado y garantizadas por el Idach, y también si estaban de acuerdo con la cantidad de tierras que se proponían para la titularización", dijo al sintetizar la propuesta que se puso a consideración de las distintas etnias en cada una de las reuniones consultivas.

Explicó que el esquema, que propició el "consenso y la paz social", apuntó a "titularizar a favor de cada una de las comunidades aborígenes 100 mil hectáreas por comunidad. Esto permitiría que, fuera de las 300 mil hectáreas de los pueblos originarios, las 230 familias criollas que están dentro de la Reserva Grande también puedan tener el derecho de acceso a la tierra que tanto están trabajando, a través de un posterior paso de reserva y titularización a favor de los criollos también; asegurando, a pedido de las comunidades, el acceso al monte y al río de las comunidades", explicó.

Párrafo aparte, se refirió a la posición tomada por el pueblo wichí, porque "siendo la zona de la Reserva Grande, la zona por excelencia de la comunidad wichí, ellos ha planteado que tiene que haber igualdad de condiciones y equidad; y plantearon como pueblo, que corresponde que cada etnia tenga 100 mil hectáreas y que también corresponde que los criollos que están hace mucho tiempo ahí puedan seguir trabajando en su lugar".

El proceso de participación colectiva se lleva adelante en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social; el Idach, como institución que representa a los pueblos originarios, el Instituto de Colonización, la Asesoría General de la Gobernación y, como veedor, el defensor del Pueblo.