El proyecto de ley de Ética Pública quema en el Senado. Esa norma obligará a funcionarios y legisladores a hacer público su patrimonio.

Sólo por ese motivo el tema genera escozor en quienes deben discutirlo, por la poca voluntad de someterse al control ciudadano. Ayer el fiscal de Estado dijo que en algunos aspectos hay un retroceso respecto del régimen de declaraciones juradas vigente.

Pero en esta oportunidad hay otro elemento que incomoda y que ha desatado un cortocircuito entre el oficialismo y la Fiscalía de Estado.

Ayer estuvo el fiscal Fernando Simón en la Casa de las Leyes y llegó con los tapones de punta, diciendo que el proyecto que impulsa la vicegobernadora Laura Montero roza la inconstitucionalidad.

Hoy existe un régimen de declaraciones juradas creado por decreto del ex gobernador Francisco Pérez. Un decreto no es una ley. A pesar de que la amplia mayoría de los funcionarios presentan su declaración jurada de bienes, no hay posibilidad de sanciones fuertes y, peor aún, hasta hay dispersión y diferentes criterios entre distintos poderes.

Así pues, el Poder Judicial estableció un régimen a medida de sus pretensiones y prácticamente obligado por la presión mediática. Por eso una ley es mucho más que un decreto. Es una tabla rasa para todos y escaparse de la norma es incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El proyecto en discusión es impulsado por Montero y dos senadores del Frente Cambia Mendoza: Daniela García y Ernesto Mancinelli. El 16 de noviembre pasado, Los Andes informaba sobre el proyecto y se indicaba que había una voluntad de restar poder al Fiscal de Estado, al sacarle un área que depende de Simón: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

En ese escenario llegó Simón a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado. Antes de tratar el tema candente, Simón hizo declaraciones: “No me parece que la mejor manera de generar las autoridades de aplicación sea cercenando facultades de Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas”, aseveró.

Luego bajó los decibeles y dijo que “es una ley muy buena. Hay algunos aspectos que deberían tocarse para tener más cuidado en este sentido”.

Luego, senadores y Fiscal de Estado se encerraron en privado y, según dicen, la discusión se diluyó en minutos. La apuesta es que el próximo miércoles la comisión expida despacho y el martes 6 se vote en el recinto.

La cuestión importante es que exista el control ciudadano del patrimonio de los funcionarios. La publicación de las declaraciones juradas es una forma de control.

Ayer en la reunión de LAC, se iban punteando artículos respecto de la publicación de las declaraciones y qué datos se mantienen en reserva y cómo se accede a esos datos reservados.

Simón decía que el acceso a los datos reservados no podía hacerse por decisión judicial, porque implica abrir las puertas a denuncias penales por enriquecimiento que harían mucho ruido, y que muchas de las cuales se terminarían cayendo cuando se acceda a la información, por lo que hacía falta una instancia previa a la judicial para acceder a los datos.

La otra se refiere a las pocas ganas de informar acerca de inversiones, ante el peligro de que al conocerse los montos pondría a los funcionarios en el radar de la delincuencia, olvidando la necesidad de saber cuáles son los vínculos de funcionarios con determinadas empresas para saber posibles incompatibilidades.

Por último, el gran tema es el incumplimiento en la presentación. El fiscal Simón indicaba que hacía falta una instancia más allá de las multas, porque hay quienes “prefieren pagar la multa y ocultar la declaración”. Entonces propuso que debe haber un castigo mayor: la separación del cargo y la inhibición de ocupar otro en el Estado.