Sin embargo, la puesta en marcha de la ingeniería recaudatoria en la búsqueda de mayores recursos para evitar posibles conflictos que empañen la administración naranja en el decisivo año 2015, puede llegar a despertar resquemores en otros frentes.

Esto ha se visto reflejado en los últimos días en dos casos en particular: el abortado intento por adelantar el calendario de pagos del Impuesto Inmobiliario Rural y los intensos controles en la costa atlántica bonaerense con el objeto de que todos los comercios cuenten con la terminal electrónica para permitir los pagos con tarjetas, más conocida por su nombre comercial: Posnet.

Tarjetas sí, tarjetas no

En lo que refiere a esta última cuestión, los cruces entre Provincia y entidades del comercio vienen de larga data y, al parecer, aumentando en su nivel de tensión. El pasado año, luego de algunas fallidas intentonas en la Legislatura bonaerense, el gobierno provincial buscó acelerar y concretar la aprobación de una Ley que establezca la obligatoriedad para los comercios de contar con las mencionadas terminales de pago electrónico con tarjeta.

¿Por qué hizo foco Provincia en este proyecto? Además de exaltarse el aspecto de la seguridad y la comodidad en las transacciones comerciales ya que el cliente no necesitaría circular con demasiado dinero en el bolsillo y el comerciante tampoco tendría tantos billetes en caja, lo cierto es que se apunta a una mejora de la recaudación a partir de menguar la evasión impositiva, la cual, según deslizaron a este medio voces cercanas a ARBA, no es menor en comercios que no cuentan con el sistema Posnet, los cuales, en algunos casos, declararían en concepto de Ingresos Brutos una cifra que podría llegar a ser tres veces más baja de lo que realmente facturan.

Del otro lado del mostrador, los comerciantes se niegan a la obligatoriedad de este sistema ya que las empresas de tarjetas de crédito y los bancos demoran en hacer los depósitos en los casos de operaciones en cuotas (hasta 18 días hábiles), algo que afecta, sobre todo, a los pequeños locales que, además, no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos de ventas, cuyos cargos varían entre 1,5 por ciento (para las tarjetas de débito) y 3 por ciento (crédito).

Asimismo, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) se detallaron algunas cuestiones que harían al menos dificultosa la concreta aplicación de este sistema en todo el territorio bonaerense debido a que no todas las localidades cuentan con sucursales bancarias y una conectividad eficiente.

Por otro lado, se hizo foco en los costos que implican para los comerciantes contar con el sistema: "El posnet cuesta 200 pesos mensuales y debería ser sin cargo al comercio, y las retenciones impositivas junto con las comisiones hace que al comerciante le resten aproximadamente un 10 por ciento por cada operación", remarcó Rubén Manusovich, titular de Fedecámaras. Vale señalar que las empresas que absorben este mercado son sólo dos: Posnet (MasterCard) y LaPos (Visa), por lo que varios comerciantes pusieron en tela de juicio el proyecto, ligándolo a quiénes se verían realmente beneficiados.

Ley abortada y Ley desempolvada

En el contexto de este debate, finalmente la iniciativa que venía con media sanción del Senado no fue abordada en la última sesión de 2014 en Diputados, más allá de los intentos que se hicieron desde el sciolismo, razón por la cual perdió estado parlamentario. En este sentido, el titular de ARBA, Iván Budassi se quejó que la “Ley Posnet” no se sancionó en la Legislatura "debido a las presiones explícitas de las cámaras comerciales”.

Pero, a ley abortada, ley desempolvada. Así, Provincia decidió ampararse en la Resolución General Nº 1166 de 2001 de la AFIP emitida por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, y que exige la utilización  de Posnet “para aquellos contribuyentes que realicen operaciones de venta de cosas muebles a consumidores finales o presten servicios de consumo masivo”.

De esta manera, ARBA esta realizando un fuerte despliegue en comercios de la costa atlántica, intimando a los comercios que no cuentan con el sistema de pago por tarjeta a que en un plazo de 10 días instalen dicha terminal electrónica para “evitar sanciones”. El titular de la CAC, Carlos de la Vega, dijo que Provincia busca “acoplarse” a esta norma debido al “fracaso del proyecto de ley”, remarcando que dicha resolución de la AFIP estaba en desuso y que “fue diseñada en la época del corralito para que quienes no podían extraer dinero de los bancos pudieran pagar con el sistema de débito automático”.

Bajo esta situación, desde Fedecámaras se realizará un “paro comercial” el próximo viernes 30 de enero, donde los comercios de la costa no aceptarán el pago con tarjetas con el fin de "explicar a la opinión pública que los consumidores son víctimas de un negocio usurero, y los comerciantes somos utilizados para beneficio exclusivo de las compañías emisoras y los bancos", detalló la entidad en un comunicado.

Adelanto y marcha atrás

Por otra parte, semanas atrás Provincia había anunciado la modificación en el calendario de pago del Impuesto Inmobiliario Rural, llevando el tradicional cronograma (marzo, julio y noviembre) para febrero, marzo y julio. Esto encendió la mecha de la discordia en los ruralistas, algunos criticando que el corrimiento se efectuaba, llamativamente, para antes de las elecciones.

Otros expresaron sus sospechas ante la posible aplicación de una cuota adicional a fin de año: “Deja la puerta abierta a nuestro entender a la aplicación por ahí de una cuarta cuota o una cuota suplementaria, porque hay que imaginarse que después de los primeros siete días de julio en adelante no va a haber ningún ingreso a la Provincia de Buenos Aires respecto a este tributo”, remarcó a NOVA el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri.

Sin embargo, y tras una reunión realizada esta semana, Provincia y ruralistas acordaron mantener el cronograma de pago tradicional aunque, para los contribuyentes que deseen pagar en mayo la cuota de julio, y en septiembre la cuota fijada para noviembre, el Ejecutivo bonaerense, para no desistir por completo de su intención inicial, dispuso una bonificación especial del 3 por ciento.

“La Provincia llegó a un cabal conocimiento de cuál es la situación de nuestro sector”, sostuvo a este medio el director Ejecutivo de CARBAP, Alfredo Rodes, quien agregó que, “a pesar de diferencias que podemos tener, en la Provincia prima un espíritu de diálogo, viendo otras instancias gubernamentales, es digno que se destaque”.

Bajo este panorama, la administración naranja busca hacerse pronto de recursos en un año electoral en la que será puesta de vidriera en pos de llevar al gobernador a la Rosada. Para esto, tendrá que contar con la suficiente cintura para aceitar la recaudación al máximo sin despertar grandes malestares que puedan manchar la campaña presidencial.