El Gobierno de la Provincia ratificó ayer su voluntad de cumplir pagos con empleados estatales afiliados al Sindicato de Empleados Públicos, los que se habían acordado con la anterior administración, de José Manuel de la Sota, aunque insistió en su propuesta de cambiar las fechas en que esos pagos deben hacerse efectivos.

En 2014, el gobierno de De la Sota realizó acuerdos por escalafonamiento que involucran a una porción desconocida de los alrededor de 25 mil empleados vinculados al SEP. Son mejoras salariales reales, independientes de la inflación, por un total de 15 por ciento. Debían alcanzarse en cuatro años. Y cada aumento debía hacerse en noviembre. En 2015, el primer pago se hizo. Cuesta más de 200 millones de pesos al año.

Pero, ahora, el segundo se pospondría, algo que los estatales rechazan. José Pihen, secretario General del SEP, señaló que el plan de lucha de su gremio es precisamente por el acuerdo que “este gobernador no les quiere reconocer”.

Ayer, la secretaria General de la Provincia, Silvina Rivero, salió a remarcar que el Gobierno no pretende desconocer el convenio. Señaló: “Respetamos el acuerdo, pero queremos hacerlo efectivo en marzo. A partir de la discusión de las paritarias de febrero”.

Desde el punto de vista del Gobierno, esta suba tiene un impacto fiscal igual al del ajuste por inflación o los descuentos de aportes jubilatorios que también beneficiaron al SEP. El año pasado, para estos sectores, los aumentos terminaron siendo, con todo, del 45 por ciento. Por eso quiere discutirlo en la paritaria.