También volvió a enfatizar en la cantidad de despidos como en el Archivo Nacional de la Memoria y en programas relacionados.

La legisladora presentó una iniciativa parlamentaria en la que solicitó al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Seguridad o quien corresponda, informe al Senado los motivos por los cuales la Dirección de Derechos Humanos y el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) no figuran en el nuevo organigrama de la mencionada cartera; cuáles son las medidas que se han evaluado para darle continuidad a las funciones de dichas reparticiones; si la decisión responde a los lineamientos generales de una política sobre Derechos Humanos del nuevo gobierno y, en tal caso, informe cuáles son los mismos.

Durango recordó que el sábado 7 de mayo tomó estado público, a través de un comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo, que el Ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con una nueva estructura orgánica donde no figura la Dirección de Derechos Humanos ni el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), encargado de la obtención de muestras de ADN por vía judicial, a fin de permitir la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

"Uno de los objetivos generales de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que con la reestructura se eliminó, era colaborar activamente, dentro de las competencias del sector, en la política de lucha por la memoria, la verdad y contra la impunidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos. Esta colaboración la realizaba promoviendo medidas tendientes a la localización y consecuente protección de documentación con valor histórico o judicial perteneciente a las Fuerzas de Seguridad o Policiales y avanzar con su digitalización. También promoviendo medidas de reparación simbólica en el ámbito de las fuerzas por violaciones a los derechos humanos de sus integrantes, ya sea durante el terrorismo de estado o desde la recuperación democrática, entre otras cosas, por eso es importante saber cómo se hará ahora esta tarea, si es que está previsto queremos saberlo", explicó la senadora pampeana.

Durango calificó como "muy preocupante" lo ocurrido con esta dependencia nacional, que tenía la responsabilidad de asistir al Poder Judicial en los requerimientos relacionados con causas por sustracción de menores de 10 años, o supresión de identidad, originados durante la vigencia del terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.

"Comparto con Abuelas que todas estas medidas son un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, la desarticulación de áreas clave de derechos humanos abocadas desde 2003 a las causas de lesa humanidad en distintos organismos del Estado, son parte de la política de despidos masivos que está llevando a cabo el Gobierno Nacional", remarcó.

En los fundamentos de la iniciativa, Durango destacó:

"Desde febrero de este año se están desmantelando áreas estratégicas en la lucha por la verdad y la justicia como son la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central encargada, entre otros temas, de investigar la complicidad del sistema bancario y financiero durante la dictadura y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa lugar de consultas sobre antecedentes para la designación de militares. 

Hubo además despidos en el Archivo Nacional de la Memoria; en el Programa de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y en la dirección de Sitios de Memoria. En este mismo tiempo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad ya había sufrido varios despidos que dejaban a los equipos técnicos en una parálisis total y hoy queda fuera del organigrama de la cartera a cargo de (Patricia) Bullrich", expresó.