La reforma Judicial que impulsa por estas horas María Eugenia Vidal ya empezó a generar polémica. Creen, en un sector de la Justicia, que apunta a aleccionar jueces. En tribunales, se sabe, miran siempre con recelo al Poder político de turno. Un debate bien actual que, sin embargo, se restringe casi siempre al juego permanente de tire y afloje entre magistrados y políticos se ve reflejado en frondosos expedientes que acumulan cuerpos en el Fuero Federal. El debate, ahora, amenaza desplazarse al ámbito bonaerense.

En Tribunales creen que el fin último de la decisión de avanzar con la reforma, es garantizar la continuidad de la actual titular de la Corte, Hilda Kogan, más allá del plazo previsto por la rotación natural de los integrantes del Tribunal

En las últimas semanas, el Ejecutivo provincial introdujo dos temas en la agenda legislativa, que, de mínima, generan sospechas. Entre ellas, el proyecto de Reforma de Enjuiciamiento de Magistrados. Una norma que a priori parece inofensiva, e, incluso –en la teoría- impulsada para corregir cierta parsimonia en el derrotero habitual de los procesos que involucran a magistrados.

A simple vista, la redacción es hasta amistosa. La idea es que el titular de la Corte, que por mandato constitucional debe asumir la responsabilidad de presidir el tribunal de enjuiciamiento de magistrados, conserve esa función más allá de la rotación natural en la presidencia del Máximo Tribunal bonaerense. En llano: que las investigaciones abiertas contra cualquier magistrado, encuentren en quien presidía la Corte en el momento en que se inició la denuncia, a su “juez natural”.

Desde la Justicia apilan objeciones. Mezclan razonamientos políticos por cercanía ideológica y funcional con el Ejecutivo, y trabas constitucionales que podrían hacer caer la reforma en caso de que prospere como llegó a la Legislatura provincial.

La polémica se generó, en las últimas horas, no tanto por la reforma en sí; sino por la consecuencia inmediata que podría tener una reforma de ese tipo en el marco de las causas abiertas.

En Tribunales creen que el fin último de la decisión de avanzar con la reforma, es garantizar la continuidad de la actual titular de la Corte, Hilda Kogan, más allá del plazo previsto por la rotación natural de los integrantes del Tribunal al frente de la Corte. Quienes alientan esa sospecha, remarcan la “afinidad” entre Kogan y calle 6, además del repentino intento de parte del oficialismo de ‘apurar’ el debate en la Legislatura provincial, que podría concretarse el jueves próximo, sin dictamen de comisiones.

Verosimilitud no les falta: el margen de tiempo para que la actual titular de la Corte conserve su condición de jueza natural de las causas abiertas durante su mandato, empieza a esfumarse de forma apresurada a medida que avanza el calendario: a mediados de abril, es decir en menos de un mes, Kogan deberá entregar la Presidencia de la Corte a su sucesor, Eduardo Pettigiani. Traducido, según la legislación actual: si antes del 15 de ese mes no está aprobada la Reforma, Kogan quedará legalmente relegada de las causas actuales.

Si la estrategia de avanzar en la reforma no esconde intencionalidad política, ¿por qué no discutirla con el horizonte puesto en la finalización del mandato del próximo presidente del Tribunal, que opera en 2019? Una cuestión de tiempo que no es inocua: despersonaliza la discusión, y elimina cualquier suspicacia por los nombres involucrados como jueces, y juzgados en la situación actual.

Hay, además de las objeciones políticas que alientan la decisión de “llevarse puesto” a jueces y/o fiscales que el Gobierno considera antipáticos con su gestión, reparos de orden constitucional: es que la constitución provincial no deja dudas sobre la fórmula de integración del Tribunal que juzga el accionar de los jueces, en su artículo 182. Según esa manda constitucional, el jurado “de once miembros” estará integrado “por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo presidirá”. ¿Cómo hacer encajar una reforma que le pega de lleno a ese artículo constitucional?